Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
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Acusado el gobernador

El gobernador Ricardo Rosselló está hoy acusado. La fiscalía federal de Estados Unidos en San Juan, ni ninguna otra autoridad, le ha imputado robo, fraude, conspiración o ningún otro acto que pueda considerarse ni remotamente ilegal. Pero las acusaciones de hoy contra dos altas funcionarias de su gobierno, y el descomunal escándalo que esto representa, son en el fondo la imputación más grave que, salvo un crimen, se le puede hacer a un gobernante: la de que no sabe gobernar. 

Esa es quizás la interpretación más pesada que se puede hacer de la bomba atómica que las autoridades de Estados Unidos dejaron caer sobre el atónito Puerto Rico apenas despuntaba la espléndida mañana de verano de hoy. Julia Keleher, exsecretaria de Educación y Ángela Ávila, ex directora de la Administración de Seguros de Salud (Ases), Ángela Ávila, dos jefas de agencia que entre ambas manejaban cerca de 50% del total del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, según acentuó el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza, están acusadas de fraude, conspiración y lavado de dinero. 

También fueron acusados Fernando Scherrer, director de BDO Puerto Rico, la principal firma de consultoría del gobierno; Alberto Velázquez Piñol, contratista estrella que daba “lectures” de gobernanza en Fortaleza y dos hermanas que eran amigas de Keleher y guisaron en grande con una compañía de consultoría con la que obtuvieron contratos que les dio la exsecretaria a pesar de que ofrecía servicios que el gobierno no necesitaba. 

Solo pensando que Ricardo Rosselló no sabe gobernar se puede entender que cosas tan graves como las descritas en la acusación hayan ocurrido en las dos agencias que manejan más fondos en el gobierno de Puerto Rico, y con el principal contratista de la administración, sin que el gobernador presuntamente nunca se haya enterado. 

Y esto sin mencionar todavía que hay otra pesquisa, que al parecer está bastante adelantada, en otra agencia de cardinal importancia en el ordenamiento institucional de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, de la que el gobernador también dice no saber de qué se trata, a pesar de que quien dirigía esa dependencia hasta los otros días, Raúl Maldonado, también era de su más estrecha confianza y lo nombraba y renombraba distintos puestos cuando ya le llovían imputaciones como aguacero de mayo.  

Rosselló está acusado de no saber que Keleher y Ávila borraron en sus agencias las fronteras entre lo público y lo privado y en dichas agencias se tomaban decisiones y se hacían atribuciones lo mismo empleados públicos que privados. Se le imputa a Rosselló no saber que Keleher, la “estrella” de su gobierno, sobre la cual se deshacía en elogios cada vez que se le presentaba la ocasión, obligaba a ejecutivos de Educación a firmar contratos para labores que no habían sido requeridas y con empresas que no contaban con las cualificaciones dar ningún servicio al gobierno.

La acusacióntambién implica que Rosselló no sabía que Ávila, que manejaba la reforma de salud, quizás el programa más cerca del corazón de su corazón por ser herencia directa de la administración de su padre, le pasaba información privilegiada a Velázquez Piñol, para que beneficiara a sus clientes privados con ventajas que no tenían otros competidores por los lucrativos contratos que da Ases para atender la salud de más de un millón de indigentes. 

La acusación dice que ambas funcionarias empezaron a incurrir en esas prácticas desde los mismísimos primeros meses de la administración. A Rosselló le sobró tiempo para enterarse. No lo hizo.

Rosselló también está acusado de no saber que personajes del sector privado con influencias en su gobierno campeaban por sus respetos en ciertas agencias, cobrando por procurarles contratos a sus clientes también del sector privado, a cuenta de los accesos que tenían a miembros del gabinete. Está imputado Rosselló también de no saber que personas que no eran funcionarios públicos obtenían información privilegiada y confidencial de operaciones del gobierno, así como acceso a oficinas e instalaciones, y con esa información y accesos hacían lucrativos negocios con intereses privados. 

Se le imputa a Rosselló no saber que en ocasiones se cancelaron contratos que se habían obtenido en buena lid, para poder darles dichos contratos a clientes de personas bien conectadas en su gobierno. 

Ese enredo entre funcionarios públicos y privados en las agencias, ese maridaje tóxico que tenía a gente que no estaba obligada a rendirle cuentas a nadie con accesos extraordinariamente privilegiados, se viene denunciado hace tiempo, porque entrañaba los peligros que finalmente quedaron expuestos en la acusación federal. Rosselló nunca le dio importancia a las denuncias. 

Rosselló también está acusado de no saber que Velázquez Piñol presuntamente le exigía una mordida de 10% de cada contrato que obtenía BDO, el principal contratista privado de su gobierno. Se le acusa de no saber que Scherrer, colaborador cercano también del Partido Nuevo Progresista (PNP), presuntamente pagaba la mordida para seguir beneficiándose de la que hace ya demasiado tiempo es la principal industria de Puerto Rico: el gobierno y los fondos federales. 

Rosselló, cuando regrese de sus vacaciones en Europa de las que en principio no quería volver  viene con el gastado libreto de “yo no sabía”. Esa es una explicación que tiene harto al país, que está cansado de que, cuando las cosas se complican, los gobernantes nunca sepan nada. 

Además, en este caso, ese pretexto es un poco más difícil de tragar que en muchos otros. Aquí no se está hablando de agencias pequenãs u oscuras, con las que el gobernador rara vez tiene contacto directo. Esta no es la doña aquella arrestada la semana pasada, directora de una dependencia del Departamento de la Familia (DF), por pedirle $3,000 a un contratista y después dejarse grabar la pobre cogiendo el paquete en Plaza Las Américas. 

Estas son de las agencias más grandes del gobierno, con las que el gobernador está en contacto continuo y desde las que se ejecutaron algunas de las iniciativas emblemas de su administración, como fueron la reorganización del sistema educativo y el cambio del plan de salud del gobierno al modelo llamado Vital. Por eso es tan complicada la situación en que está hoy. Por eso hoy el “no sabía” tiene menos valor del ya escaso que tenía antes. 

A todo Puerto Rico, menos al 41.76% que le dio el voto, le angustiaba la nula experiencia administrativa que tenía Rosselló cuando fue electo. Las últimas semanas han dejado penosamente claro que Rosselló no está en control. Las imputaciones de hoy despejaron la última duda que pudiera quedar. Esa es la acusación que pesa hoy contra el gobernador Ricardo Rosselló y por la que habrá de someterse al juicio del soberano dentro de 16 meses, si llega, cosa que, dada la inmensa turbulencia de los pasados meses, no se puede dar hoy por seguro que vaya a ser el caso. 

Se le aplicará el cargo grave del artículo 1 del código de un pueblo harto del abuso: si no sabía, debía saber y no saber lo que se debe saber, se llama no saber gobernar. 

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