José R. Acarón

Tribuna Invitada

Por José R. Acarón
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AEE: ¿bienestar público primero?

La energía eléctrica es uno de los determinantes más importantes para nuestra calidad de vida, según hemos vivido en carne propia después del huracán María. Tristemente, al día de hoy así lo siguen sufriendo los miles de puertorriqueños que todavía viven sin este servicio tan esencial. La electricidad influye directamente en nuestra nutrición, nuestro quehacer social, el acceso a la información y hasta determina nuestra vida diaria.

En los casos más extremos, hasta la vida puede estar en peligro, como hemos aprendido duramente en estos meses. Solamente hay que pensar en cuántas personas han perdido la vida por no tener electricidad para sus equipos de tratamiento médico.

Por otro lado, hemos vivido y comprobado cómo el costo elevado de la energía eléctrica impacta nuestro bolsillo, obligando a hacer malabares para mantener una vida digna. Es inhumano que las personas, y en especial los mayores, tengan que elegir entre comprar sus medicamentos, sus alimentos y pagar la factura de luz mensual.

No podemos olvidar cuando teníamos la famosa fórmula nefasta de “ajuste” en la factura, que aumentaba el costo sin explicación y de paso golpeaba nuestra calidad de vida.

En fin, hace años que venimos luchando con el drama del alto costo de la energía eléctrica. La pregunta es quién nos defiende como consumidores del servicio eléctrico ante esta debacle. Con la propuesta de privatización hablan de “solucionar” la pesadilla de nuestro sistema eléctrico.

Pero también está sobre la mesa quitar poderes a la Comisión de Energía de Puerto Rico y eliminar la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, creada a petición de AARP Puerto Rico. Dicha entidad fue creada para defendernos como consumidores del alto costo de la luz, la falta de claridad en la factura y los problemas del servicio eléctrico. Ahora que es cuando más falta hace por la crisis que se pretende solucionar. La realidad es que durante décadas, la Autoridad de Energía Eléctrica ha descuidado sus operaciones y la atención al consumidor.

La discusión tiene que centralizarse más allá del debate de si el sistema eléctrico debe ser público o privado. Lo más apremiante es el bienestar del pueblo. Esta tiene que ser la prioridad. Hay que poner el interés público primero con regulación para evitar aumentos injustos en las tarifas y proteger a todos los puertorriqueños. La propuesta de eliminar los mecanismos de protección al consumidor es muy preocupante, y provoca que los proyectos de ley ante la Legislatura nos expongan a nuevas fórmulas para aumentos en tarifas. Todos sabemos cómo las fórmulas de ajuste de combustible nos han sangrado el bolsillo en el pasado. No podemos cargar con la ineficiencia en la producción de electricidad, sin ningún tipo de control o protección nuevamente.

El gobernador y los legisladores tienen en sus manos no darnos la espalda a todos como consumidores. Puerto Rico merece y debe exigir un sistema eléctrico confiable, a un precio razonable, para nuestra recuperación como país.

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