Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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A encarrilar el debate en la ONU

Pasó casi inadvertida –opacada por otras de “más actualidad”– la noticia sobre la 38va. Resolución del comité de descolonización de la ONU, en demanda de la independencia para Puerto Rico.

Me parece, sin embargo, que el nuevo episodio merece destaque prominente luego del fiasco de las 38 resoluciones aprobadas de 1972 para acá, de manera de buscar cómo encarrilar por el camino apropiado esa parte de la lucha por la descolonización de Puerto Rico.

Encarrilar el debate debería ser parte importante de la campaña hacia las elecciones 2020. Para empezar, corresponde al pleno de la ONU enmendar su error de 1953, basado en una pasada de gato por liebre por el entonces liderato político popular, casi homogéneo, de la isla.

El histórico error no fue autónomo de la ONU: el mundo entero cayó en la trampa de entonces cuando el gobierno de Puerto Rico hizo la falsa representación de que, con la aprobación de una constitución de gobierno puramente local, ajeno absolutamente a discusión alguna del problema del estatus político, el territorio había resuelto su flagelo colonial.

Nada más lejos de la verdad. Todo cuanto ocurrió fue que, con la condescendencia del Congreso y sus poderes plenarios sobre Puerto Rico, se nos autorizó a redactar nuestra constitución de gobierno interno para manejar los asuntos propios del territorio. Las disposiciones económicas, fiscales y políticas de la ley Jones de 1917, similares a las de la Foraker de 1900, quedaron calcadas en la otra ley que acompañó la constitución: la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, nuevo nombre para la Jones.

No ocurrió en 1952 cambio alguno de estatus político. Sin embargo, hay que decirlo todo, la suprema sagacidad de Luis Muñoz Marín, así como la oportunidad que le permitía una débil oposición política, y la importancia estratégica de Puerto Rico para Estados Unidos en medio de la Guerra Fría, le rindieron pingües beneficios políticos. Insistió, y muchos cayeron en su trampa –incluido Estados Unidos y la ONU– en que en 1952 se había resuelto el problema colonial. (Con igual insistencia, lo repitió tras el plebiscito de 1967; esta vez sin los resultados de aquel año).

Tan sagaz fueron Muñoz y sus más cercanos colaboradores –como José Trías Monge, quien finalmente aceptaría en 1999 su complicidad en el engaño, al catalogar a Puerto Rico como “la colonia más antigua del mundo”– que, previendo el efecto adverso en el Congreso al recibir una constitución para un “Free Associated State”, consiguió la asesoría de Abe Fortas, quien le sugirió el seudónimo en español de “Commonwealth of Puerto Rico”.

Subsanar ese error y revisar la votación de 1953 –que produjo 34 votos abstenidos y/o en contra del “ELA” y 30 a favor de un estatus inexistente– es una manera de encarrilar el debate en la ONU.

El otro, aceptar, como realidad insoslayable, que no es solo la independencia –rechazada por más del 95% de los puertorriqueños– la opción descolonizadora.

La estadidad, con apabullante mayoría, es la alternativa idónea para acabar con el coloniaje por el camino de lo mejor para Puerto Rico.

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