Luis Marín Martínez

Punto de vista

Por Luis Marín Martínez
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Aguas profundas para la economía local

La maltrecha economía de Puerto Rico ha sufrido embates fuertes que han alterado y puesto en perspectiva muchas realidades escondidas. Estas se encontraban en aguas profundas, esperando que un huracán y decisiones judiciales las llevaran a la superficie. 

Por un lado, la ley Promesa nos estableció una Junta de Supervisión Fiscal que, entre otras cosas, le exige al gobierno de Puerto Rico que le someta un plan fiscal. El plan fiscal se tiene que establecer proyectando la realidad macroeconómica del país, las estrategias a llevar a cabo para “recuperar la economía” y los retos que enfrenta. Esto para cumplir con la misión de la Junta de Supervisión Fiscal de lograr que Puerto Rico vuelva a tener acceso a los mercados de capital. 

El primer plan fiscal se certificó en el 2016 y ya ha sufrido diversos ajustes por no haberse cumplido con lo proyectado. Esto afronta diversos problemas, ya que demuestra que se ha sobrevalorizado el efecto que puedan tener algunas reformas. Cabe destacar que el plan fiscal no se da en el vacío, sino que se utiliza para poder establecer el plan de ajuste de deuda. El plan de ajuste de deuda se da en un proceso de negociación para establecer mediante el Título III (proceso de quiebra) de la Ley Promesa cuánto tiene que separar el gobierno de Puerto Rico para empezar a pagar la deuda. 

El plan de ajuste de deuda que propone restructurar $35,000 millones fue presentado el 27 de septiembre de 2019. Desde antes, y desde entonces, Puerto Rico ha cambiado. Como si fuera poco, el 7 de enero de 2020 el país se levantó con movimientos telúricos que difuminaron la poca certidumbre que teníamos. Para esa emergencia la Cámara de Representantes de Estados Unidos sometió un proyecto para asignar a Puerto Rico $4.7 mil millones que fue rechazado por la administración Trump. 

Agobiados por las emergencias y la falta de fondos corriendo para atender las mismas, se anuncia la nueva emergencia internacional por la pandemia, que ha cobrado en Puerto Rico el lamentable fallecimiento de 99 personas. Por otro lado, el borrador del plan fiscal revisado presentado el 3 de mayo de 2020 establece que el impacto estimado económicamente asciende a los $6.8 mil millones. 

Además, el nuevo plan fiscal revisado establece una serie de medidas económicas, entre ellas atrasar por dos años los ahorros en las agencias gubernamentales, recortes significativos en agencias y los recortes adicionales a los municipios. El plan fiscal revisado también señala los retos que enfrentará Puerto Rico, y brevemente las oportunidades que puedan darse, como captar la mirada de Estados Unidos a Puerto Rico para atraer industrias que eviten la vulnerabilidad de la dependencia de equipo médico en Estados Unidos. Ahora, le tocará a la Junta verificar y certificar el plan para darse cuenta de que, con la revisión del plan fiscal, se tiene que dar también una revisión al plan de ajuste de deuda. 

Estos embates han puesto en perspectiva muchas realidades económicas y sociales que tal vez no estaban tan escondidas, sino que faltaba que todos nos encontráramos en la misma situación para darnos cuenta en las aguas profundas en la que estamos metidos. 

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