Jesús Manuel Ortiz

Tribuna Invitada

Por Jesús Manuel Ortiz
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Ahora en la UPR los bonistas son primero

En medio del debate en torno a los planes fiscales, el presupuesto y los cuestionamientos de hasta dónde llega el poder de la Junta de Supervisión Fiscal para establecer política pública, hemos olvidado quiénes son los más perjudicados si finalmente se implementan dichos planes. De un cuidadoso análisis de los planes fiscales, nos percatamos que los más de 50 mil estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) son algunos de los más afectados. ¿Por qué?

La Universidad, como muchas otras entidades en Puerto Rico, emitió bonos para obra permanente pagaderos contra los ingresos de matrícula. Como la UPR depende en gran medida del Fondo General estatal, su capacidad de pagar la deuda como fue contraída originalmente está en duda. Bajo la pasada administración, luego del Informe Krueger se formuló una política pública que establecía la necesidad de negociar la deuda como un todo, pues al fin y al cabo esos bonos se iban a pagar mediante los recaudos producto del uso del poder de recaudar impuestos del gobierno.

Esa política pública cambió a partir de 2017 con la entrada de Ricardo Rosselló a La Fortaleza. El gobierno actual decidió que era preciso atender el tema del pago de la deuda y su posible restructuración emisor por emisor, es decir, que cada entidad que tomó prestado pague de acuerdo con sus posibilidades. A tono con esta estrategia, instrumentalidades como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el propio gobierno central entraron en un proceso de reestructuración de la deuda.  

Sin embargo, el gobierno actual ha dejado en el limbo a la UPR, ya que esta no ha sido propuesta para ser certificada como insolvente por la Junta, lo cual le permitiría reestructurar su deuda, que actualmente supera los $500 millones de dólares. El Plan Fiscal de la UPR, según aprobado por la Junta, provee para el pago de unos $243 millones en deuda entre los años fiscales 2019 a 2023. Es decir, la Junta aprobó pagar exactamente lo recomendado por el plan fiscal del gobierno. Esa acción representa un cambio en la política pública de la administración anterior, poniendo a los estudiantes en una peor posición.  

Nos alarma que, contrario a los bonistas de obligaciones generales (“GOs”), COFINA y otros que tendrán recortes considerables, todo tiende a indicar que los de la UPR recibirán el pago de 100% del interés y el principal invertido. Al negarle a la UPR la oportunidad de entrar en el proceso de reestructuración, Rosselló escogió poner el peso del pago de la deuda sobre los estudiantes. Más aún, el Plan Fiscal incluye prácticamente triplicar el crédito subgraduado y duplicar el costo de los estudios graduados y profesionales.

Está claro que un recorte significativo en los pagos de deuda podría, junto a la generación de eficiencias y otras medidas necesarias, evitar aumentos desmedidos en el costo de la educación universitaria con el efecto nefasto de excluir estudiantes necesitados del sistema UPR. Pero bajo la política pública actual, los estudiantes pagarían unos $450 por semestre para los bonistas. Esto es casi $38 por crédito. Y a esto se suma el incremento significativo en cuotas (en algunos casos, el aumento es de 100%), entre otras medidas de recaudo incluidas en el Plan Fiscal sometido por el gobierno y aprobado por la Junta.

En resumen, contrario a la política pública anterior, el gobierno de Ricardo Rosselló ha decidido negarle a la UPR el utilizar las herramientas de reestructuración que nos provee la Ley PROMESA y colocar sobre los estudiantes la responsabilidad de pagar el 100% de la deuda de la institución. Urge reconsiderar y evaluar la inclusión de la Universidad en el proceso de reestructuración, acompañado de una reinvención administrativa y académica, para detener de inmediato la precarización de la educación superior pública.


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