Hernán Padilla

Tribuna Invitada

Por Hernán Padilla
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A incorporar a Puerto Rico

Desde el desastre provocado por los huracanes, los medios sociales se han convertido en el instrumento para que innumerables ciudadanos expresen su apoyo a la búsqueda de solución a la condición colonial iniciada en 1898 y que niega la igualdad a millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Los afectados por la crisis -falta de energía eléctrica, agua, servicios médicos, educación y otros servicios esenciales-, expresan que la falta de igualdad es una condición resultante de los procesos políticos, legales y económicos que han dejado al pueblo de Puerto Rico sin el disfrute de todos los derechos, oportunidades y responsabilidades que le corresponden.

Son evidentes los esfuerzos del gobernador Ricardo Rosselló para lograr ayudas federales para rescatar la isla de una tragedia humanitaria, estabilizar la economía y reconstruir la infraestructura necesaria para promover un desarrollo económico y social sostenible.

Rosselló ha informado que el costo proyectado de los daños del huracán es astronómico. Solicita ayuda federal por $94,000 millones para la recuperación, estabilización, reconstrucción y modernización de la isla. Ello incluye $17,000 millones para reconstruir la infraestructura eléctrica, acueductos, carreteras y puentes, y la pérdida de producción, entre otros. Pidió que Puerto Rico se incluya en la reforma contributiva federal. Exigió que no sea tratado como jurisdicción extranjera.

En una columna anterior cité segmentos del “Compromiso de Rosselló con Puerto Rico”, un modelo para la estabilización de Puerto Rico y la tan necesaria meta de la Igualdad y la Estadidad”, hasta alcanzar el desarrollo económico sólido y sostenible para fortalecer nuestra economía, y “propuestas para ayudar a la creación de empleos, desarrollo de industrias y empresas locales y a atraer inversión privada nacional e internacional para lograr el crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía”. Y para seguir luchando por trato igualitario en fondos federales, particularmente Medicare y Medicaid.

Lamentablemente, los residentes en la isla están sujetos a un sistema político que les niega igualdad. Respaldo la posición de la organización “Igualdad Futuro Seguro”, de que “ser un territorio colonial limita las inversiones y el crecimiento económico” y que “no habrá una solución permanente a la crisis económica, ni se logrará progreso, estabilidad y desarrollo económico mientras no se eliminen los impedimentos del estatus actual”.

Puerto Rico cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido a la Unión. Las cortes federales han extendido a los ciudadanos residentes en la isla la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la isla en muchos programas federales. Pero en 1922, SCOTUS catalogó a la isla de “territorio no incorporado”. Como consecuencia, las limitaciones de nuestra condición colonial impiden la igualdad de derechos, y nos niegan los poderes políticos necesarios para resolver los problemas económicos y protegernos de una crisis causada por un desastre natural.

La incorporación inmediata como transición a la estadidad debe ser un elemento esencial de política pública federal hacia Puerto Rico. En columnas publicadas en el “Orlando Sentinel” y “The Hill”, el licenciado José Rodríguez Suárez argumentó que poner fin a la no-incorporación es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible. En su columna en “The Hill”, el licenciado Andrés Córdova señaló que la crisis fiscal y los problemas económicos de la isla se deben en gran medida a la “doctrina de no incorporación”.

En los plebiscitos de 2012 y 2017, el pueblo reafirmó que quiere que Puerto Rico se convierta en estado. El Congreso debe poner fin a la condición de inferioridad política de Puerto Rico y tratarlo como un estado o territorio en transición a la estadidad. La “Comisión para la Igualdad” podría ser un instrumento para convencer al Congreso de que tiene la autoridad constitucional para corregir el disparate judicial de 1922 y que declare a Puerto Rico un territorio incorporado con el derecho a la verdadera igualdad permanente.

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