Jorge R. Roig

Punto de Vista

Por Jorge R. Roig
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A las cinco de la tarde

A las cinco de la tarde de este viernes, 2 de agosto de 2019, el Gobernador hizo lo correcto en derecho y en política. Hay que decirlo. Aunque no comulgo con las preferencias de política pública del nuevo Gobernador, sí concurro con su desempeño en el quehacer público de Puerto Rico en los pasados días.

A las cinco en punto de la tarde, por operación de la Sección 7 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Lcdo. Pedro Pierluisi Urrutia advino el legítimo Gobernador de Puerto Rico. El pasado 31 de julio de 2019, el licenciado Pierluisi Urrutia fue nombrado Secretario de Estado por el entonces Gobernador. Estando la Asamblea Legislativa en receso en ese momento, el licenciado Pierluisi Urrutia tomó posesión de dicho cargo, y asumió todas las facultades y deberes del mismo, incluyendo estar en la primera posición en el orden de sucesión de la gobernación, según dispone la citada Sección 7. Al hacerse efectiva la renuncia del entonces Gobernador, pues, el Secretario de Estado pasó a ser el nuevo Gobernador. En ese momento, el puesto de Secretario de Estado quedó vacante.

La Constitución no establece que un Secretario de Estado nombrado en receso tenga menos facultades ni deberes que un Secretario de Estado nombrado durante una sesión legislativa, con el consejo y consentimiento de ambas cámaras. Esto surge del texto mismo de la Constitución, de los debates de la Convención Constituyente, y de la jurisprudencia aplicable. La única diferencia entre un nombramiento de receso y un nombramiento “en propiedad” (“confirmado”) es que el primero tiene una duración máxima. Éste quedará sin efecto en o antes del momento en que cierre la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Así lo establece la propia Constitución.

No obstante, han acaparado la discusión pública dos argumentos legales alternos. Primero, se ha tomado por bueno que un Secretario de Estado que no ha sido confirmado por ambas cámaras no puede advenir Gobernador ante la vacante absoluta en dicho cargo. La Constitución no dice eso. El texto constitucional no prohíbe el nombramiento de receso de un Secretario de Estado. Tampoco bifurca sus funciones y poderes, estableciendo que su lugar en el orden de sucesión desaparece si es nombrado de receso. De hecho, cuando los constituyentes quisieron evitar que un funcionario tomara posesión de su puesto sin ser confirmado, en el caso específico de los Jueces del Tribunal Supremo, así lo hicieron constar expresamente en la Sección 8 del Artículo V de la Constitución. 

La interpretación alterna esbozada en la discusión pública también resulta inconsistente con la Sección 9 del Artículo IV. La Sección 9 presume la posibilidad de que un Secretario de Estado sea nombrado y tome posesión de su cargo antes de iniciada la primera sesión ordinaria del cuatrienio. En tal escenario, no se activa la Sección 9, por sus propios términos, quedando como nuevo Gobernador un Secretario de Estado nombrado en receso.

En segundo término, se ha perdido muchísimo tiempo hablando de la Ley Núm. 7 de 1952, según enmendada. Dicha ley es totalmente inaplicable a esta situación porque en momento alguno existieron vacantes simultáneas en los cargos de Gobernador y Secretario de Estado. La situación que vivimos queda atendida total y exclusivamente por las disposiciones constitucionales aquí citadas. Lamentablemente, y a pesar de haberse recomendado, el lenguaje final del proyecto de enmienda que eventualmente se convirtió en la Ley Núm. 7 de 2005 no aclaró que dicha enmienda nada tenía que ver con la sucesión de Gobernador a Secretario de Estado.

En fin, el licenciado Pierluisi Urrutia actuó correctamente en derecho al tomar posesión del cargo de Gobernador cuando se hizo efectiva la renuncia del anterior Gobernador. Pero igual de importante es que el licenciado Pierluisi Urrutia también actuó correctamente, no como cuestión de derecho sino como cuestión política, dada la realidad del país, al poner el puesto de Gobernador, básicamente, a la disposición del Senado. Me parece también comportamiento digno de una persona de estado el haber reconocido que estar correcto en derecho es necesario, pero no suficiente, dadas las circunstancias que estamos viviendo, para consumar el traspaso pacífico del poder gubernamental. Así pues, el Gobernador Pierluisi actuó valiente y dignamente al solicitar al Senado la ratificación (no confirmación) de su posesión del cargo de Gobernador. 

Ahora corresponde al Senado cumplir su rol. Y corresponde también al Pueblo de Puerto Rico mantenerse, en la brecha, vigilante y activo. Después de todo, aunque haya actuado correctamente en estos pasados días, todos sabemos que el Gobernador Pierluisi ha mantenido una estrecha relación con una Junta de Control Fiscal colonial e ilegítima. Aunque haya ascendido este nuevo Gobernador al poder legítimamente, ello no debe detener el embiste popular para limpiar el gobierno de la corrupción y el abuso de poder. La legitimidad de todo gobierno y gobernante, y la confianza del Pueblo, se gana y mantiene día tras día. Después de todo, el anterior Gobernador fue electo legítimamente por el Pueblo. Y legítimamente el Pueblo le exigió la renuncia en las calles. Nada impide que, en las circunstancias apropiadas, esa historia se repita, al son de los bordones, a las cinco de la tarde.

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