Jesús Manuel Ortiz

Tribuna Invitada

Por Jesús Manuel Ortiz
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Alcaldes acorralados

El aumento del CRIM propuesto en el plan del Gobernador ciertamente ha alarmado al País por lo perjudicial que será para más de 1 millón de hogares puertorriqueños. Pero ese no ha sido el único efecto de la propuesta, ya que además ha levantado una vez más la discusión sobre la crítica situación fiscal de los municipios. Los gobiernos municipales tienen sobre $3,800 millones en deuda financiera, poco más de $2,000 de estos al Banco Gubernamental de Fomento.  Además, son uno de los principales patronos participantes del Sistema de Retiro de Empleados Públicos, el que será modificado para convertirlo en uno “pay as you go”. Ese cambio impactará el flujo de efectivo de los ayuntamientos al requerir de estos el pago mensual sin dilación para costear las pensiones de sus empleados. Durante los últimos años, los municipios han enfrentado retos similares a los del gobierno central al ver reducidos sus recaudos y perder acceso a fuentes de financiamiento.  

A esta situación tenemos que añadir la eliminación del Programa de Desarrollo Comunitario, que redundará en falta de fondos para vivienda, repavimentación de carreteras, programas de asistencia en el hogar para envejecientes y personas con impedimentos, entre otras iniciativas. Se anticipa además que perderán asignaciones de fondos para operación de CDT’s y fondos federales del programa HOME. 

Como si fuera poco, ahora el Gobierno encamina acciones que sin duda acorralarán a los alcaldes entre decisiones dirigidas a repartir austeridad. Una de esas es la eliminación de 350 millones en “subsidios” del gobierno central y el aumento de más de 70% en el pago del CRIM para recobrar la perdida de esos ingresos. Para que tengan una idea, existen 40 municipios con más del 40% de sus ingresos operacionales provenientes del Gobierno Central. Así pues, esta propuesta obligará a los municipios a dejar de proveer algunos servicios que actualmente suplen o a cobrar por ellos si es que continuarán ofreciéndolos. Entre estos servicios se encuentran labores de mantenimiento y transporte escolar, limpieza y ornato de carreteras, amas de llave, entre otros. Como cuestión de hecho, ya hay municipios que se han visto obligados a comenzar a cobrar por servicios que anteriormente ofrecían de forma gratuita, como el recogido de desperdicios sólidos, corte y poda de árboles en propiedades privadas, arrendamiento de equipo pesado y la venta de bienes inmuebles. 

La eliminación de los subsidios a los municipios, según se ha planteado, y el aumento en el CRIM, será para los municipios lo que para el cuerpo la hipertensión; un asesino silencioso. Sin duda será además devastador para el bolsillo de la gente, para el mercado de bienes raíces, traerá consigo la entrega de viviendas por falta de capacidad de pago, fomentará el abandono de propiedades por parte de sus dueños y creara más contracción económica. 

Con este panorama es imperativo que nos opongamos a la estrangulación de los municipios, no por meramente mantener estructuras gubernamentales, sino porque se trata del ente más cercano al ciudadano para la provisión de los servicios más básicos. Con eso en mente estoy convencido de que no podemos impulsar la eliminación de los subsidios sin considerar otras opciones antes. Si la decisión es continuar con dicha propuesta, hay que buscar revertir las responsabilidades financieras que el estado ha impuesto a los alcaldes, liberando así a los municipios del desembolso de cerca de $500 millones al año. 

Llegó el momento de transformar el sistema de financiamiento municipal para garantizar los servicios esenciales que éstos ofrecen.  Hago una invitación a todo el aparato político y de gobierno a analizar nuevos esquemas o estructuras alternas de financiamiento municipal con urgencia. Si no lo hacemos; más de 50 municipios llegarán a la quiebra inevitable, lo que afectará los servicios esenciales de nuestra gente.

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