Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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Al FEI Ricardo Rosselló

Si tomamos en cuenta el celo que ha desplegado la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en casos recientes, es de suponer que hará lo mismo cuando los sospechosos de los delitos son el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y ciertos allegados suyos.

Debemos entender que la etapa que acaba de concluir en este caso del chat de Telegram, es muy preliminar. En este momento no se está acusando a nadie de nada.  Es la etapa que la ley le encarga únicamente a la secretaria de Justicia por medio de sus fiscales. El Departamento de Justicia no tiene facultad en ley para acusar a ninguno de los implicados en el chat. Es una etapa en que presumiblemente se ha recopilado la prueba que los fiscales de Justicia han buscado y han encontrado, prueba documental, tangible, así como testimonios tomados bajo juramento. Este periódico ha revelado que se trata de un informe de 109 páginas y 35 cajas (de tamaño desconocido), de seguro muchísimos documentos. Será a base de este envío que el panel de exjueces y exjuezas habrá de decidir si debe nombrar un Fiscal Especial Independiente para que investigue a profundidad, de manera definitiva el chat de Telegram, y decidir si procede la formulación de cargos, y cuáles cargos serían.

Tendremos que esperar a que finalice esa segunda etapa antes de emitir un juicio sobre su resultado. Si este fuese el de someter denuncias, nos enteraríamos de la prueba en manos del FEI cuando el caso llegue al tribunal. Si no se presentaran cargos, o los cargos no rebasaran la etapa de vista de causa probable para el arresto, nos enteraríamos de la prueba cuando la OPFEI revele el contenido del sumario fiscal. En este momento lo más que podemos hacer es especular en cuanto a los hechos y delitos que se les imputarían a los sospechosos, siendo los más evidentes, entre otros, los relacionados con la Ley de Ética Gubernamental y con el uso del tiempo o equipo pagados con fondos públicos.

Por otro lado, es injustificada la queja de algunos de que el referido a la OPFEI se ha hecho en medio de la conmoción causada por el reciente terremoto y sus réplicas. Primero, la ley le concede un plazo corto a Justicia para que finalice y refiera a la OPFEI el resultado de su investigación preliminar; Justicia no puede sentarse sobre la investigación hasta que la tierra deje de temblar. Y, segundo, las instituciones públicas no relacionadas con la recuperación de daños por desastres naturales deben continuar laborando.

Tampoco debemos suponer que por el solo hecho de que los miembros del Panel sobre el FEI hubiesen sido nombrados por una administración afín a la de los sospechosos, el resultado será beneficioso para ellos. No se supone que eso sea determinante. Y casos recientes lo han demostrado. La confianza en las instituciones debe ser la norma a menos que se demuestre lo contrario en algún caso particular.

Lo que es innegable es que tratándose en primer plano de un sospechoso que es un exfuncionario del más alto relieve —para la fecha de los hechos un gobernador en funciones—, y sus allegados, el país estará muy atento a cómo se maneja esta investigación ante la OPFEI. Nadie está por encima de la ley. Si alguien debe tener esto claro son los exjueces y exjuezas del panel. Y hay que darles la oportunidad de que lleven a cabo su encomienda de ley con absoluta independencia de criterio. La última palabra, en caso de presentarse denuncias, la tendrá siempre el Poder Judicial.

No obstante, no podemos perder de vista que todos los sospechosos podrían ser indultados por un gobernador o gobernadora.

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