Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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¡Al fin en manos de los jueces!

Después de tanto revuelo e incertidumbre, el asunto está donde tiene que estar: en manos de los tribunales y no de boca en boca de legos y jurisconsultos. Los últimos días han sido intensos e interesantes y hemos descubierto entre el país un nuevo afán por conocer nuestro Derecho Constitucional. Ahora tenemos que prepararnos para la decisión judicial, la que sea, y decidir con quién nos vamos a alinear, si con la parte que gane o la que pierda. Pero con respeto; así es la democracia.

El Tribunal Supremo ha actuado expeditamente al conceder un plazo perentorio de casi veinticuatro horas, a vencer a las doce del mediodía del martes, 6 de agosto. Esta premura es muy significativa ya que es evidencia de que nuestro más alto foro judicial ha comprendido la urgencia que hay en que Puerto Rico recobre su tranquilidad y sosiego. Necesitamos un descanso de la política. Es hora de volver a nuestros quehaceres, sin el peso abrumador de estar en un país que no sabe a ciencia cierta si el gobernador ocupa legítimamente el cargo o no.

De seguro, conociendo cómo trabajan los tribunales apelativos —y el Tribunal Supremo es un foro apelativo, aunque de última instancia— ya los jueces con sus oficiales jurídicos (sus ayudantes) han comenzado a investigar por su cuenta la cuestión constitucional e, incluso, habrá más de uno o una que ha comenzado a escribir un borrador de lo que pudiera ser concebida como la opinión mayoritaria o la opinión disidente o alguna opinión concurrente.

No es que los alegatos de las partes que han de ser presentados no vayan a tomarse en cuenta, pues lo serán. Pero, dada la importancia que reviste el asunto y la necesidad de que este sea resuelto esta misma semana, es completamente natural que los jueces y juezas del Tribunal Supremo estén estudiando minuciosamente el asunto desde hace días. En un país en que hasta el gato ha opinado sobre el asunto, no veo ninguna razón por la que las y los señores jueces no estén dedicándole sus recursos y su sabiduría a esta controversia.

Al haber expedido el auto de certificación, el Tribunal Supremo ha hecho caso omiso (para lo cual está autorizado por ley, claro está) de la jurisdicción original del Tribunal de Primera Instancia. Mas esto es así por tratarse de una cuestión estrictamente de Derecho —es decir, porque no hay necesidad de celebrar un juicio o una vista para adjudicar los hechos— y por tratarse de una cuestión constitucional fundamental. Además, la ley impugnada, para poder ser declarada inconstitucional, requiere ser así votada por una mayoría simple de los nueve jueces y juezas que componen el alto foro (Art. V, sec. 4 de la Constitución). La permanencia del caso del Senado ante el Tribunal de Primera Instancia solo hubiera conseguido alargar nuestra ansiedad y tribulación.

Finalmente aclaro, ante los comentarios que esporádicamente se han filtrado en los medios de comunicación, que la sentencia que nuestro Tribunal Supremo emita no es apelable al Tribunal Supremo de Estados Unidos, por tratarse de una controversia surgida al amparo de la Constitución de Puerto Rico y de una ley local (7-2005), y no de la Constitución o leyes federales.


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