Roberto Prats

Punto de vista

Por Roberto Prats
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A limpiar la casa

La corrupción pública es el impedimento principal a la recuperación económica, social y fiscal del país. Si erradicamos la corrupción pública, mejora la certeza de inversión tan necesaria para crear empleos, se descongelan fondos tan necesarios para la educación de nuestros niños, se limpia la imagen del país tan maltrecha por aquellos que nos han juzgado como una jurisdicción de alta incidencia de corrupción. Si estas condiciones se dan, saldremos de esta etapa de quiebra y podremos reconstruir un Puerto Rico post-promesa, post-María. Así de sencillo.

Comparto contigo lo que haría si fuera gobernador.

Impulsaría en los primeros días un cambio de política pública para que todo servidor público tenga un deber afirmativo de informar confidencialmente sobre situaciones de posibles actos de corrupción. Para darle coherencia a esta política pública presentaré la ley que crea la Oficina de Contraloría e Integridad Pública del Estado Libre Asociado. Consolidaría los recursos humanos, presupuestos, funciones, deberes y facultades de la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Esto añadiría 148 servidores públicos a los 520 actualmente en la Oficina del Contralor, e incrementaría el presupuesto de $43 millones a $52 millones anuales logrando eficiencias en la consolidación de funciones administrativas, y así liberando más recursos para investigaciones y auditorías. Esta estructura integraría nuevas políticas en el campo de la contratación pública para hacer valer los principios de necesidad, de servicio, la meritocracia, la libre competencia y la prohibición de contrataciones que contratan con terceros para burlar impedimentos existentes en ley. Se prohibirían por estatuto los honorarios por contingencias en la contratación pública a todo contratista de gobierno.

La nueva Oficina de Contraloría e Integridad Publica estaría facultada para hacer referidos directamente al Fiscal Especial Independiente y a las agencias de ley y orden estatal y federal en relación a irregularidades o violaciones de leyes a la Integridad Pública. Estas iniciativas forman parte de la estrategia comprensiva anticorrupción que estaré presentando los primeros días de mi administración que también incluye la Ley de Prohibición de Participación de los Miembros de Gabinete en actividades políticas, Ley de Compensación a Informantes de Actos de Corrupción, Ley de Transparencia en la Contratación Pública, y el establecimiento del Registro Mandatorio de Cabilderos. 

El Verano del 2019 fue aleccionador. Me gustaría recordarlo como el momento en que el país dijo que esta será la última administración con la corrupción entronizada en todos sus niveles ejecutivos y legislativos. Quiero pensar que el rechazo tan elocuente a lo que está pasando debe ser suficiente para que a ninguna administración futura, nunca jamás, se le ocurra tolerar actos corruptos, permitir el fantasmeo, el aluvión de contratación por servicios profesionales cuando no hay dinero para mejorarle las condiciones de trabajo a los funcionarios de carrera. No hay tarea gubernamental más fundamental que atacar sin ambages la corrupción y la impunidad para que nuestro pueblo recobre la confianza y fe en nuestras instituciones. 


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