Hernán Padilla

Tribuna Invitada

Por Hernán Padilla
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A limpiar la casa en la AEE

El contrato de Whitefish para ayudar a resolver el colapso de la transmisión de energía de Puerto Rico, aprobado por la Autoridad de Energía Eléctrica, confirma que la estructura organizativa y operacional de esta corporación no está capacitada para resolver la crisis de energía que afecta todos los sectores de la sociedad puertorriqueña.

La AEE es una corporación del gobierno central que debe operar con relativa autonomía. Es responsable por sus finanzas, deuda pública, presupuesto, administración, y decisiones. El Congreso aprobó la Ley PROMESA porque el gobiernoincurrió en una deuda que requería atención especial. Como consecuencia, creó la Junta de Supervisión Fiscal con poderes para fiscalizar al gobierno y las corporaciones públicas, como la AEE, que estaban en quiebra.

Lamentablemente, los huracanes Irma y María destruyeron la infraestructura para generar, conducir y proveer energía eléctrica en Puerto Rico y ofrecer los servicios esenciales. A ello se suma que la Gerencia y la Junta de Directores no se comunicaron entre sí durante cuatro días para analizar la emergencia y acordar planes concretos para hacerle frente.

Aunque tarde, la JSF tomó la decisión de intervenir y nombró a Noel Zamot como Oficial de Transformación de la AEE para “agilizar los esfuerzos de reconstrucción del sector energético, ya que es una práctica común que en procesos de bancarrota se designe un oficial de reestructuración para manejar efectivamente la corporación”.

El organismo sometió el nombramiento para aprobación de la jueza Laura Taylor Swain. Resalta que sería la JSF la que contactaría a la “Asociación Americana de Energía Pública porque el director ejecutivo de la AEE no completó la solicitud para solicitar brigadas para los trabajos de emergencia”.

El gobernador Ricardo Rosselló protestó el nombramiento. Simultáneamente, emitió una Orden Ejecutiva que crea la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción para que “una sola unidad gubernamental asuma la responsabilidad de desarrollar e implementar un plan estratégico para la reconstrucción de Puerto Rico”. Aunque la orden puede llenar grandes vacíos, de acuerdo a varios abogados y líderes legislativos, podría ser inconstitucional.

El director ejecutivo aprobó un contrato con Whitefish Energy para reparaciones de emergencia, que no había sido autorizado por FEMA y generó múltiples críticas de legisladores, congresistas y abogados, quienes reclamaron la cancelación del mismo por sus innumerables deficiencias. El propio director ejecutivo admitió que el contrato tuvo un efecto nocivo sobre Puerto Rico, a nivel local y nacional.

El gobernador Rosselló pidió investigaciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la Oficina del Contralor y al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Congresistas y senadores citaron a una vista congresional, y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación preliminar. Finalmente, Rosselló ordenó cancelar el contrato y la AEE acató el mandato, aunque sigue vigente hasta que terminen tareas comenzadas.

Ante la inacción de la AEE, Rosselló intervino para “activar un acuerdo con New York y Florida para traer cientos de brigadas” para integrarse a las tareas de reparación y reconstrucción de las líneas de transmisión.

En palabras sencillas, la crisis causada por la emergencia de los huracanes y la quiebra económica, evidenció la falta de liderato de la Junta de Directores y el director ejecutivo, que la Junta de Directores estaba desconectada del proceso para tomar decisiones durante una emergencia, que el director ejecutivo no tiene la capacidad, competencia y disposición para afrontar una situación tan crítica, y que la División Legal no cumplió con la responsabilidad de proteger los mejores intereses de la corporación ni de los usuarios de la AEE.

Me uno a los que claman que se tome acción inmediata para limpiar la casa en la AEE y autorizar que un síndico que asuma la responsabilidad de la restauración, reconstrucción y estabilización, garantizando un servicio de energía moderno y eficiente que provea al pueblo la electricidad necesaria para una vida normal y que promueva un desarrollo económico sostenible.

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