Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Al rescate del sistema electoral

Lo que va saliendo a la luz del caso del “chat” en el que participó activamente el ahora juez suspendido Rafael Ramos Sáenz debería convencer al país de la necesidad de reformar el sistema electoral para ponerlo a salvo del partidismo que lo corroe.

Reformas a medias no han faltado en las últimas décadas, pero todas, independientemente del color partidista que las haya matizado, han fallado en aglutinar un consenso de país que le cierre el paso a situaciones como las que comienzan a documentar las investigaciones de este caso particular.

Falta mucho para llegar al fondo. La única investigación que ha llegado a conclusiones es la de la Oficina de Administración de los Tribunales, que ha señalado graves faltas éticas al juez Ramos Sáenz. Pero el Departamento de Justicia continúa investigando y el Senado, que también inicio su propia pesquisa, le ha concedido más tiempo antes de retomar la suya.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), por su parte, más que investigar el asunto, debería ser investigada también por el incumplimiento de su responsabilidad de velar por la pureza de los procesos al permitir la intromisión de miembros de la campaña de 2016 del entonces candidato penepé Ricardo Rosselló Nevares en decisiones de la Junta Local Electoral de Moca que presidía Ramos Sáenz.

Seguramente habrá otras investigaciones que aborden algún que otro aspecto del caso, pero lo que debería estar ya en marcha es la reforma del sistema más allá de la colocación de parches para acomodar la Ley Electoral a los caprichos y la conveniencia de quienes ostentan la mayoría política en determinado momento.

Las reformas más abarcadoras se hicieron en la década del setenta del siglo pasado cuando, durante la primera administración de Rafael Hernández Colón, se creó el Tribunal Electoral reemplazó a la Junta Estatal de Elecciones, y a principios de los ochenta, bajo Carlos Romero Barceló, cuando surgió la CEE y los partidos políticos volvieron a controlar el sistema.

De ahí en adelante, la Ley Electoral se ha enmendado varias veces con los cambios de gobiernos azules y rojos, pero sigue pendiente una verdadera reforma del sistema que bloquee el asedio de los partidos políticos y que proteja la finalidad pública del presupuesto que se le asigna.

Son los partidos políticos, a través de sus comisionados electorales, los que controlan el aparato electoral. Y la estructura jerárquica sobre la que está montada la CEE, con un presidente “de consenso” que en realidad escoge la mayoría política y varios vicepresidentes y directores que responden a los partidos representados en el organismo, igualmente prioriza los intereses partidistas a nivel administrativo.

Es, en resumen, un organismo de los partidos políticos financiado con los impuestos que pagamos.

Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo hacemos para lograr que los legisladores que, con una solitaria excepción este cuatrienio, representan a partidos políticos, accedan a reformar el sistema?

Se necesita manifestar nuestra inconformidad y crear conciencia sobre el verdadero valor de un sistema electoral que esté protegido de los desmanes, el capricho y la conveniencia de los partidos, que nos han traído al precipicio actual.

Hagamos de limones, limonada. Que más allá de la fijación de responsabilidades y la imposición de penalidades, el “chat” electoral nos sirva de lección para hacernos mejores ciudadanos y para construir un mejor país.

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