Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Alta tensión entre Rosselló y la Junta

La carta de José B. Carrión de 16 de junio de 2017, enviada en su carácter de presidente de la Junta de Supervisión Fiscal al gobernador Ricardo Rosselló y a los líderes de la legislatura de Puerto Rico, refleja un nivel de alta tensión entre la administración Rosselló y la Junta. En esta carta Carrión advirtió, que la colaboración positiva que existió entre la Junta y el gobierno sobre la aprobación del presupuesto está en retroceso y que el compromiso del gobierno en alcanzar las metas del plan fiscal parece haber menguado.

Igualmente, Carrión critica como incorrecta la caracterización de parte del gobierno sobre las condiciones impuestas por la junta para la certificación del plan fiscal. Según Carrión, es incorrecto informar que son innecesarios los recortes en horas laborables ni la eliminación del bono de Navidad a los empleados públicos, como consecuencia de haber conseguido el gobierno una reserva de $200 millones y le recuerda al gobernador que la certificación del plan fiscal se basó en un compromiso de encontrar el tamaño apropiado (right-sizing) del gobierno además de las reservas mencionadas.

Carrión también indica que la noticia difundida sobre efectivo sobrante en la cuenta del Departamento de Hacienda crea confusión sobre la liquidez del gobierno. Según Carrión, la modesta mejoría en la cuenta de Hacienda no cambia la realidad, ya que para el año fiscal entrante no se podrán cubrir los servicios esenciales. A la vez, el presidente de la Junta le pide al gobierno que defina lo que son los “servicios esenciales” en el contexto de PROMESA. El tono agresivo de la carta de Carrión puede deberse a la carta del poderoso congresista Roy Bishop a la Junta enviada el 15 de junio de 2017, donde Bishop regaña a la Junta por no haber aprobado el acuerdo negociado antes de firmarse la ley PROMESA con un grupo de bonistas de PREPA.

La controversia entre la Junta y el gobierno tiene raíces en las condiciones de austeridad impuestas por la Junta al aprobar el plan fiscal. El punto neurálgico gira alrededor de los recortes en horas laborables, bonos de Navidad y reducción de pensiones, condiciones supuestamente impuestas por la Junta en el proceso de la aprobación del plan fiscal para Puerto Rico.

Por su parte, el gobernador contestó a la Junta argumentando que bajo la sección 205 de PROMESA la Junta no puede obligar al gobierno a cumplir con el plan fiscal certificado, sino limitarse meramente a hacer recomendaciones. Además, Rosselló utilizó en su defensa las palabras célebres de Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, donde éste estudioso de la crisis de la Isla concluye que imponer medidas de austeridad a Puerto Rico en estos momentos de recesión puede causar un “espiral” fuera de control y resultar en recortes mayores a los bonistas y gastos adicionales a los contribuyentes de los Estados Unidos al tener que soportar estos el aumento en migración. (ver: Stiglitz, J., “On Saving Puerto Rico”, The New York Times, Febrero 27, 2017). Es interesante notar que el anterior gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla, también utilizó la frase acuñada por Stiglitz sobre el “espiral” fatal que causaría la austeridad, al defender su negativa a recortar la nómina en el pasado cuatrienio.

Alguien debe recordarles a estos gobernantes que las doctrinas Keynesianas de economía en las que se desarrolló Stiglitz, no siempre han sido efectivas. Fueron muchos los premios nobeles que subestimaron la gravedad de la situación económica estadounidense en el 2006, equivocación que ayudó a producir la crisis económica mundial más profunda desde la Gran Depresión. (Stiglitz pronosticó en 2002 que los activos hipotecarios conocidos como “sub-prime” no representaban riesgo a las instituciones financieras, igual que hizo Paul Krugman, Nobel 2008). Y sobre el pronóstico futuro de cualquier crisis económica como la de Puerto Rico, el propio John Kenneth Galbraith expresó, que la ventaja del futurólogo económico es que “todas las previsiones acertadas o inexactas, se olvidan con rapidez”. (Sobre la metodología de la predicción y del oficio de los economistas “futurólogos”, ver: Velasco, Roberto, Economistas Oficio de Profetas, Catarata, Madrid, 2016).

Sin duda, es muy difícil predecir cuales medidas fiscales pueden ser efectivas para sacar a un país de una crisis bancaria, financiera o de sobre endeudamiento. Y en el caso de Puerto Rico tampoco los economistas locales se han puesto de acuerdo. Lo que queda claro es que la depresión económica y crisis de liquidez aguda en que se encuentra actualmente el gobierno de Puerto Rico no se arregla de un día para otro y tampoco se cura con solo conceder más exenciones contributivas a grupos privilegiados. También sería simplista creer que las condiciones impuestas por la Junta sobre el gobierno: la eliminación del bono de Navidad, recortes a jornada laborable y reducción de pensiones, sacará al país de la crisis. No se requieren estudios postgraduados para saber qué hace falta mucho más.

A la vez, no podemos olvidar que el gobierno de la Isla gasta por lo menos una tercera parte más de lo que produce incluyendo amortización de la deuda, y que el acceso a los mercados de crédito es indispensable para cualquier gobierno que aspire mantener una economía moderna, abierta y libre. La crisis de Puerto Rico es una crisis de confianza. Los mercados han perdido la confianza en la capacidad del liderato puertorriqueño para auto regularse y peor que eso, el pueblo ha perdido la confianza en las tres ramas de gobierno.

Es trágico que sea la Junta de Supervisión, un organismo anacrónico y antidemocrático, quien imponga las reformas necesarias para conseguir la confianza de los mercados y de los acreedores y suplidores del patio. No se trata de salvar fondos “buitres”, sino de cientos de negocios y miles de personas locales y continentales afectados por la inacción de los gobiernos en Puerto Rico y Washington. La Junta acaba de aprobar un presupuesto de forma unilateral y con reducción sustancial de gastos, incluso en el presupuesto del poder legislativo.

Falta por decidir si procede la reducción de jornada y de los bonos de Navidad, asuntos controversiales que resultan desagradables. Pero no olvidemos que el plan fiscal aprobado por la Junta incluye recortes que sobrepasan una tercera parte de la amortización de la deuda, que podría llegar a ser la condonación mayor de deuda pública en los mercados de crédito estadounidenses. A cambio, la Junta tratará de imponer los recortes presupuestados sin el consentimiento del gobierno de Puerto Rico. La pregunta sobre la mesa es si el recorte de bonos y jornada terminará en otro litigio ante la jueza Laura Taylor Swain en el tribunal territorial especial creado bajo PROMESA.

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