Emilio Nieves Torres

Punto de Vista

Por Emilio Nieves Torres
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Alternativas para completar este año escolar

El Departamento de Educación evita comunicar una realidad que la mayoría del pueblo ya adjudica como un hecho.  Las circunstancias que rodean a la pandemia del COVID-19 nos indican que será inevitable concluir este segundo semestre escolar con clases presenciales. Las declaraciones del secretario de Salud y de miembros del Comité Asesor (Task Force) del gobierno de Puerto Rico indican que el pico de los contagios ocurrirá en mayo. Dichas declaraciones son suficientes para reconocer que los estudiantes no regresarán a las escuelas públicas y privadas en lo que resta del semestre escolar.

La naturaleza de las escuelas es que, por la cantidad de personas en espacios pequeños (salón de clases, comedores, bibliotecas), la posibilidad de contagio es alta. No es recomendable, ni prudente llevar a estudiantes a las escuelas luego que comience a bajar el pico del contagio del coronavirus. Restablecer las clases implicaría un retroceso en los pasos dados para combatir el creciente contagio del COVID-19. Las escuelas siempre han sido foco de contagio para dengue, influenza, micoplasma y otras infecciones. Además, las escuelas no están preparadas con personal y materiales suficientes de desinfección, ni de higiene. Hay que planificar y prepararse para agosto.

La situación actual es que la educación a distancia se ha implantado con limitaciones. Una de las principales es no tener computadora y servicio de internet en cada hogar. Un teléfono móvil no es suficiente porque hay familias (y algunos maestros) que solo poseen el teléfono gratuito de “Obama”. 

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, basándose en data del Censo federal, reveló en 2018 que se estimaba que el 54% de los hogares en Puerto Rico tenía internet y el 62% tenía uno o más dispositivos de computadora. Esto puede variar en 2020, pero no lo suficiente. Todos sabemos que los efectos del huracán María y de los terremotos han incidido en la economía de los hogares puertorriqueños.

Una de las limitaciones que han tenido los maestros para implantar la accidentada educación a distancia es lograr contactar al 100% de sus estudiantes. El propio secretario de Educación ha reconocido que, tras varios meses, se han matriculado en línea el 83% de los estudiantes para el próximo año escolar. Esto significa que aproximadamente 45,000 estudiantes, por diversas razones, no se han matriculado. 

La gobernadora Wanda Vázquez asignó $250 millones para compra de computadoras para todos los estudiantes y maestros. La legislatura aprobó $131 millones con ese propósito (porque otra cantidad se obtiene de fondos federales). El secretario de Educación Eligio Hernández, en un mensaje a través de las redes sociales del 30 de marzo de 2020, señaló que se adquirirán 30,000 “laptops” para los maestros y para los estudiantes serán 112,330, más 18,000 “iPad” para niños. Esta información deja sin dispositivos a cerca de 160,000 estudiantes, lo cual contradice el anuncio de que es para todos los alumnos. El secretario añadió que esto supone la reconfiguración de programación, adiestramientos y sistemas de rastreo para dichos equipos. Por lo tanto, esto no atenderá la necesidad inmediata de los maestros y estudiantes en lo que queda del segundo semestre escolar, sino que podrá ser implantado el próximo año escolar.

Ante esta realidad, es irrefutable que las limitaciones de la educación a distancia no podrán ser superadas en lo que queda del segundo semestre escolar. Diversas organizaciones magisteriales impulsan, a través del representante Denis Márquez, la Resolución 646 para ordenar al Departamento de Educación y a la Corporación Pública de WIPR que realicen un acuerdo colaborativo para ofrecer cursos a distancia durante la actual emergencia. Esto permitiría ofrecer clases a miles de estudiantes a través de los canales 3 y 6 o de la estación radial de la corporación. Esta resolución se radicó en la Cámara de Representantes el 28 de marzo de 2020 y no la han considerado. Todavía estamos a tiempo para llegar a esos estudiantes que no han logrado incorporarse a la educación a distancia. Es un acto de justicia social y una exigencia constitucional.

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