Stephen Spears

Tribuna Invitada

Por Stephen Spears
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Alza salarial: una sorpresa nociva

El gobierno de Puerto Rico sorprendió a la industria de la construcción con la Orden Ejecutiva 2018-033 que aumenta el salario mínimo de los empleados de la construcción a $15 por hora y establece el uso de acuerdos laborales en proyectos de obra pública.

Los términos de esta orden se trabajaron “por meses” en privado, sin analizar su impacto económico, ni consultarlos con el Consejo Asesor de la Construcción, creado en enero de 2017 por el gobernador Ricardo Rosselló mediante la Orden Ejecutiva 2017-016.

El Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR), que con más de 300 socios es la voz principal de la industria de la construcción y cuyos socios representan el 80% de la obra pública que se construye en la isla, condena la medida y cuestiona su viabilidad a largo plazo.

En su exposición de motivos, el documento de seis páginas reza que el gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de establecer política pública que “abone al bienestar económico de los trabajadores y fomente la paz laboral de las empresas que contratan con el gobierno”.

Sin embargo, nada se aleja más de la realidad, ya que aumentar el salario mínimo en 81.8% e imponer el uso de acuerdos laborales sin consulta, ni aviso previo, es una decisión desafortunada y sin precedentes que atenta contra la certeza de hacer negocios en Puerto Rico, la reconstrucción de la isla, el desarrollo económico a largo plazo, el acceso a vivienda asequible y la seguridad de los empleos de los trabajadores de la construcción.

AGC-PR es fiel defensor de que los trabajadores de la construcción tengan los mejores salarios y condiciones de trabajo. Nuestros socios se ocupan de que su personal esté adiestrado sobre normas de seguridad y de que sus lugares de trabajo sean seguros. Nuestros socios cumplen con sus pagos de nómina, aun cuando el gobierno nos deja de pagar por meses. Nuestros obreros saben que son parte integral de nuestras empresas y de nuestra industria.

El aumento no abonará a mejorar el bienestar económico de los empleados, más bien amenazará en su contra, ya que serán muchas las empresas que de primera intención ajustarán sus nóminas para poder cumplir con la ordenanza.

Tampoco aportará a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras María, ya que aumentar los costos de construcción limitará el alcance de los fondos federales asignados y los pagos de las aseguradoras para reparar los daños.

Es decir, el déficit de $25,000 millones entre los fondos asignados y el costo de reconstrucción reportado por el gobierno ahora será mayor. Dicho aumento solo será viable y a tono con nuestra realidad actual si se hace de manera escalonada y en coordinación con la empresa privada que contrata con el gobierno.

AGC-PR se opone firmemente a los acuerdos laborales en los proyectos de obra pública. Estos limitan la competencia en los proyectos y la competitividad de las empresas. ¿Quién va a querer hacer negocios bajo condiciones de las cuales no participa y desconoce?

AGC-PR exhorta al gobierno de Puerto Rico a enmendar la medida y a los líderes legislativos e integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal a participar de este proceso que es vital para el desarrollo de un nuevo y mejor Puerto Rico con oportunidades para todos.

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lunes, 29 de octubre de 2018

El paso a la reconstrucción

El Presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América plantea que Puerto Rico tiene que evitar caer en la trampa de anteponer intereses políticos o de terceras partes a los del pueblo en esta etapa de reconstrucción post María, cuando comenzarán desembolsos sustanciales de fondos federales

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