Brendan O'Boyle

Punto de vista

Por Brendan O'Boyle
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América Latina urge de reformas

 Brian Winter es coautor de esta columna.

Hace cinco años, todo cambió en América Latina—o así parecía. En el 2014, investigaciones sobre una operación de lavado de dinero en Brasil revelaron un masivo esquema de soborno que involucraba a compañías de energía y de construcción. El escándalo Lava Jato llevó a docenas de políticos a la cárcel, acumuló más de $10 mil millones en multas- e implicó a políticos en Argentina, Colombia, Perú y otros países. El mismo año en Chile, un escándalo de tráfico de influencias que involucraba al hijo de la presidenta sacudió al gobierno. En Guatemala, fiscales comenzaron a trabajar con una agencia anticorrupción apoyada por Naciones Unidas en un caso que provocó protestas masivas y la renuncia y el arresto del presidente.

Lo que siguió fue un movimiento sin precedentes contra la corrupción que afectó a casi todos los países en la región. Muchos que estudian Latinoamérica vieron estos hechos como señales de progreso—los frutos de democracias fuertes y una clase media informada.

Hoy, sin embargo, el movimiento anticorrupción en Latinoamérica está perdiendo su impulso, a causa de contratiempos recientes para los fiscales y los jueces a través de la región. En Guatemala, las autoridades desmantelaron la comisión de las Naciones Unidas que estaba investigando la corrupción y bloquearon la participación de una popular fiscal general en la elección presidencial. En Brasil, las filtraciones de mensajes privados entre fiscales y el exjuez federal Sergio Moro reforzaron los temores de la parcialidad política en las investigaciones de corrupción. Las políticas polarizadas también están estorbando los esfuerzos de reforma en Colombia, donde el Congreso falló en aprobar unas reformas anticorrupción apoyadas por casi 12 millones de personas en un referendo del 2018.

El riesgo es que la región regrese a un status quo donde la impunidad es aceptada como la norma. Entonces: ¿cómo pueden los luchadores en contra de la corrupción en Latinoamérica asegurar que el movimiento no se descarrile? Reformas—e instituciones más fuertes—parecen ser la respuesta. En la edición más reciente de Americas Quarterly, consultamos a expertos legales para analizar diez diferentes políticas, leyes y estrategias, observando los países donde se han implementado y cómo cada una ha prevenido y combatido la corrupción.

Algunas de esas prácticas ya han demostrado su valor. Una ley que protege a los informantes ha sido vital para la expansión del caso de los Cuadernos en Argentina, un caso que involucra la supuesta corrupción durante las administraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su difunto esposo Néstor Kirchner (Fernández de Kirchner niega estos supuestos delitos). Nueva legislación que permite los acuerdos de colaboración con los fiscales en Brasil también fue una razón clave por la que las investigaciones de Lava Jato pudieron implicar a tantos ejecutivos ypolíticos.

Muchas de las prácticas más efectivas para llevar a un proceso legal los actos de corrupción involucran la colaboración entre fronteras internacionales. Un modelo de recuperación de bienes adoptado en diciembre entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay promete ser un paso adelante hacia la colaboración en este frente. En Guatemala la cooperación entre las Naciones Unidas y el ministerio público fue clave. La reacción violenta que siguió de parte de los políticos involucrados, incluyendo el actual presidente Jimmy Morales, repara en la eficacia de la estrategia y también en su talón de Aquiles: la colaboración internacional muchas veces depende de la colaboración de los actores, quienes también pueden ser sujetos de investigación.

En otros frentes, la dependencia en algunas herramientas de anticorrupción ha aumentado en los años recientes, aunque se debate su eficiencia. Ese es el caso de la detención preventiva, que las autoridades peruanas, por ejemplo, han utilizado mientras investigan políticos. Aunque la práctica puede presionar a que los acusados cooperen con los investigadores, existen preguntas sobre sus beneficios a largo plazo. En abril, el expresidente Alan García se suicidó después que la policía fue a su casa para detenerlo. La tragedia provocó un debate nacional sobre la legalidad de esos arrestos.

El compromiso con estas reformas no será fácil. Tal como ocurre en Colombia, en Perú ha habido resistencia hacia las reformas con un poder legislativo altamente polarizado a pesar del apoyo de la ciudadanía. Pero los gobiernos ya se han puesto a la altura en el pasado. En Brasil, reformas aprobadas durante los gobiernos de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, como legislación sobre responsabilidad empresarial y los acuerdos de colaboración con los fiscales, fueron centrales para futuros casos (incluyendo el que mandó a Lula a la cárcel). Durante la presidencia de Michelle Bachelet en Chile, se aprobaron reformas en el Congreso con un apoyo fuerte de los ciudadanos. Incluso este año, una reforma de financiamiento de campañas se aprobó con apoyo bipartidista en el Congreso gracias a una coalición multisectorial.

Si el enfoque se mantiene en reformas que funcionan, podría llegar el día para América Latina donde los costos de la corrupción superen los beneficios.


Este artículo es una traducción y adaptación de “Is Latin American Crackdown on Corruption Falling Apart?”, publicado originalmente en la más reciente edición trimestral de la revista Americas Quarterly.

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