Luis Alberto Ferré Rangel

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Por Luis Alberto Ferré Rangel
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Año atípico, respuestas atípicas

Puerto Rico encara en 2017 un escenario atípico: una Junta de Supervisión Fiscal, nuevas medidas de austeridad y aceleración de proyectos y una realidad demográfica que acrecienta los retos.

En tiempos como estos, sobran las pruebas de que las sogas cortan siempre por lo más fino que, en el caso de economía y sociedad, son los grupos poblacionales más vulnerables: las comunidades empobrecidas, las jefas de familia, los niños y los adultos mayores.

Basta mirar las experiencias de otros países y ciudades, como la de Detroit, que pasó un proceso similar al de Puerto Rico hoy, para tener pistas de nuestras oportunidades y las amenazas. Hace un par de meses, un grupo de entidades locales convocadas por Espacios Abiertos visitó esa ciudad para reunirse con algunos de los actores de la transformación social y económica que tuvo lugar allí y ha presentado sus hallazgos en varias reuniones con representantes del sector social y privado de Puerto Rico.

Una de las revelaciones más notables da una idea de cuánto nos queda por andar como colectivo: en el momento en que fue sometida a un administrador de emergencia, Detroit contaba con una infraestructura social bien desarrollada. Es decir, que las organizaciones del llamado Tercer Sector estaban fortalecidas y vinculadas. Y cuando las medidas de austeridad se impusieron, ocurrieron con tal celeridad que esas organizaciones no dieron abasto para reaccionar. Quedaron drenadas.

La pregunta obligada aquí es, entonces: ¿Qué tan preparada está nuestra infraestructura social para asumir la responsabilidad anticipada?

Esa responsabilidad supone, antes que reaccionar y combatir, prever y ser proactivos. Conlleva procurar de los regentes acciones que cumplan el propósito común de adelantar una realidad fiscal saludable para el país y de desarrollar la economía de forma sostenible, lo que tiene que incluir responsabilidad con el ambiente y los recursos y con el desarrollo humano.

Las organizaciones del tercer sector en Puerto Rico tienen a mano esas respuestas que el país necesita. Tienen proyectos y modelos de acción exitosos. Tienen planes concertados, acciones y hasta leyes adelantadas.

Según datos divulgados por Estudios Técnicos, son más de 11,570 las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico que sirven a más de 700,000 personas al año. El 40% de estas son organizaciones comunitarias de impacto social y económico que sirven a unas 385,000 personas al año en áreas como educación, salud, servicios sociales, desarrollo comunitario y desarrollo económico, vivienda, ambiente, cultura y arte.

En total generan más de 150,000 empleos a tiempo completo, que representa el 16% del empleo total del país.

Con la amenaza reciente de medidas para recortar las aportaciones gubernamentales a esas organizaciones, el Movimiento Una Sola Voz y la Red de Fundaciones acentuaron el llamado a unir fuerzas y encaminar acciones que aseguren la justicia social. Incluyeron en esa convocatoria al sector privado.

Esa unidad debe concretarse y generar conversaciones con el nuevo gobierno y con la Junta de Supervisión Fiscal que adelanten medidas que protejan el interés más elevado, que es el bienestar social y económico de todos y todas, en armonía con el ambiente y los recursos.

Corresponde a los nuevos gobernantes – gobernador, legislatura y a los miembros de la Junta – abrirle espacio a esas experiencias documentadas y validadas que suman a su misión de poner al país de pie. Cualquier acción que ignore ese saber y deje algún sector atrás, solo tendrá el efecto de acelerar la zozobra económica y social que se intenta evitar.

Un escenario atípico exige respuestas atípicas. Que el 2017 empiece por abrir la mesa decisional al diálogo y la concertación para que prime ese interés mayor.

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