Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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Año nuevo, medicina amarga

La carta que la Junta de Supervisión Fiscal le envió hace dos días al gobernador saliente y al gobernador electo, y el informe del Grupo de Trabajo sobre desarrollo económico de PROMESA, dado a conocer casi al mismo tiempo que la carta, confirman varios de nuestros peores temores: 1) que el descalabro fiscal y financiero del Gobierno de Puerto Rico es peor que grave, es casi inmanejable; 2) que la Junta quiere un plan financiero con reformas drásticas y fuertes medidas de austeridad; y, 3) que el peso del ajuste lo tenemos que sobrellevar los puertorriqueños, con muy poca ayuda federal, por lo menos en el corto plazo.

Quizás ya no quede nadie en Puerto Rico que piense que la crisis no es tan grave como la pintan. Por si queda alguno, nótese que la Junta estimó que la brecha financiera del sector público proyectada en los próximos diez años es de casi $10,000 millones más que lo que había estimado el gobierno saliente en el informe que le sometió a la Junta en octubre. La Junta concluye sin titubeos que hace falta renegociar la deuda pública para rescatar la economía de Puerto Rico, pero insiste en que eso no es suficiente; se necesita de arranque, un plan agresivo de recortes de gasto y optimización de ingresos en el Gobierno para cerrar el déficit crónico y creciente.

Por ejemplo, la Junta reconoce que la educación y la salud son dos áreas de servicios esenciales que el gobierno tiene que proveer, pero añade que “la condición fiscal requiere que ambos se reduzcan sustancialmente”. ¿Qué esperar, entonces, en las áreas “no esenciales” de gasto gubernamental? Simplemente, que se eliminen. Así de simple. El Gobierno debe limitarse a los gastos en servicios esenciales, y la Junta afirma que en las próximas semanas se ocuparán de identificar servicios no esenciales, así como oportunidades para consolidar agencias y centralizar funciones.

El nuevo plan fiscal deberá contemplar cierres de escuelas públicas que se juzguen redundantes ante la reducción de la población estudiantil, y, presumiblemente, menos maestros (quizás dejando de contratar, en lugar de despedir). También deberá contemplar cambios en la elegibilidad, cobertura de servicios y régimen de co-pagos y deducibles en la reforma de salud. En la Universidad de Puerto Rico, el plan deberá contemplar la eliminación de la fórmula que le asigna una fracción fija de los ingresos del Fondo General del gobierno y la adopción de un sistema de matrícula ajustada a los ingresos de los estudiantes.

En otras áreas, las propuestas son aún más tajantes. Por ejemplo, se recomienda la privatización del Fondo del Seguro del Estado y de los puertos, además de la venta de propiedades públicas para levantar ingresos (en lo cual ya salió al frente el Municipio de San Juan, con la venta del “Parking de Doña Fela”).

Es de interés que la carta de la Junta invierte el orden de lo que deben ser sus prioridades: pone primero que nada la llamada reforma laboral y otras reformas, luego el balance presupuestario, y, al final, la renegociación de la deuda. Mi consejo a los miembros de la Junta: que le dejen la retórica política a los políticos, y que le hablen claro al País. No estamos aquí para adelantar agendas ideológicas, sino para rescatar la economía de Puerto Rico. Las reformas son indispensables, como lo es también el balance presupuestario y la negociación de la deuda, pero no se debe dar la impresión de que estamos usando la deuda y la crisis de excusa para imponer un programa neoliberal. Ese es el guión manoseado de una película vieja que ya aburre.

Por último, la carta dice muy poco de las pensiones, y es una omisión que preocupa. A diferencia del dinero de los bonistas —que debe protegerse en todo lo posible— las pensiones son un salario diferido, un salario ya ganado por un trabajo ya hecho, pero pospuesto para la edad del descanso. En la economía empresarial de mercados, el salario es la obligación prioritaria por excelencia; no se puede poner en el mismo plano que otros pagos pendientes. Eso se tiene que aplicar a las pensiones.

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