Jorge Argüelles Morán

Punto de Vista

Por Jorge Argüelles Morán
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Ante el coronavirus, un nuevo comienzo para el comercio

Nunca, en sus 129 años de existencia, el Centro Unido de Detallistas había confrontado semejante reto. No se trata de luchar en contra de medidas legislativas que trastocan nuestro quehacer empresarial. No se trata de frenar prácticas de competencia desleal que atentan contra las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

En esta ocasión, se lidia con un asunto de salud mundial que ataca al sector más vulnerable del comercio, las pymes. El segmento que genera más del 80% de los empleos en el sector comercial, que con una tercera parte de lo que necesita generar una multinacional, crea el mismo número de empleos; que por cada $1 que se gasta en ellas provoca que se queden entre 48 y 71 centavos en nuestra jurisdicción, mientras que cuando se gasta en una multinacional detallista, apenas se quedan entre 13 y 35 centavos en la economía local; que en su inmensa mayoría se ve obligado a permanecer cerrado hoy.

Desafortunadamente, aunque el gobierno federal ha anunciado medidas de mitigación social y económica para los ciudadanos en los estados y Puerto Rico, la situación que vive nuestro segmento empresarial es de alta preocupación porque adolece de fuentes capital recurrente que le permita subsistir durante esta inactividad multisectorial de negocio. 

No se trata solo de falta de generación de ingreso, sino de la ya expresada carga contributiva del costo de hacer negocio en Puerto Rico. El estudio del World Bank y Price Waterhouse Cooper, titulado Paying Taxes 2020, que compara a 190 países, coloca a puerto Rico en la posicion163 (el año pasado estaba en 162). Se ha establecido que la tasa contributiva de la isla, considerando todos los impuestos, alcanza un 64.4% (aumentó 1% con relación al año pasado). Esto sin considerar el IVU pues se asumieron todas las compras como exentas por ser materia prima o maquinaria para manufactura, ni se consideró el B2B de 4%; si no la clasificación hubiera sido aún peor. Para que tengan una idea, la tasa promedio mundial es de 40.5% y hay países donde solo alcanza el 8%.

Por ello es imprescindible que el gobierno emita órdenes ejecutivas o legislación de forma expedita que ayuden a superar la inactivad involuntaria y de cumplimiento al estado de la emergencia salubrista.

Por otro lado, nos preguntamos: 

¿Qué hacemos con los comercios que no cualifican para los préstamos de emergencia de SBA o de instituciones financieras?

¿Qué hacemos con los empleados que no han acumulado días por enfermedad, licencia por vacaciones, y los que trabajan a tiempo parcial o por cuenta propia?

¿Tendrá el gobierno, fondos suficientes para compensar a nuestros comerciantes y sus empleados por las pérdidas económicas que supone el cierre, o estamos a expensas de lo que nos envíe el gobierno federal?

Por ello, acciones y medidas como las siguientes, pueden contribuir a rehabilitar el cuadro adverso que responsablemente estamos atendiendo.

1. Las prórrogas que el Departamento de Hacienda propone se deben extender por lo menos 90 días, según sucede en Estados Unidos. Deben incluir deudas municipales por concepto del CRIM, patentes, deudas atrasadas y cualquier otra, sin que se le apliquen multas, intereses o recargos. 

2. Considerar la creación de un fondo de emergencia que provea capital para que aquellos comercios que cerraron continúen operando.

3. Conceder créditos contributivos a los comercios, equivalentes a la totalidad de las pérdidas sufridas, y que los mismos se puedan usar en futuras radicaciones, de no tener que agotarlos en este momento.

4. Eliminar el impuesto al inventario, que adquiere una vez más protagonismo ante la emergencia. Habiendo establecido lo costoso que es hacer negocios en Puerto Rico, es meritorio que no se pretenda sustituir este tributo con otro, o fijar topes a su pago. Comencemos a eliminar impuestos y medidas que encarecen el costo de operar, si es que queremos recuperar la economía del país. 

5. El gobierno debe aunar esfuerzos para que participe del paquete económico y que incluya medidas para devolver lo pagado por nómina a sus empleados mientras dure la crisis, como se hizo después de María. No podemos permitir que se discrimine contra nuestros ciudadanos. Es imprescindible que la isla se beneficie de estas ayudas lo antes posible.

6. Exigir a la legislatura que se abstenga de presentar legislación como la que pretendía que los patronos pagasen a sus empleados la totalidad de su salario sin que estuviesen operando. Eso lo consideramos una usurpación del capital privado de estos negocios. En su lugar, deben dar paso a medidas reales de desarrollo económico.

7. Permitir que, bajo controles estrictos, la manufactura reactive sus operaciones, en especial aquellas que en estos momentos podrían estar elaborando artículos de primera necesidad, que son escasos dentro y fuera de la isla. Lo mismo podría aplicarse a comerciantes que brindan servicios de emergencia como plomeros, electricistas y gomeros.  

En fin, al exponer que las pymes son el motor de la economía, hacemos un llamado solidario a las autoridades gubernamentales y privadas a trabajar afanosamente para que, tan pronto las condiciones lo permitan, las pequeñas y medianas empresas puedan retomar su vitalidad económica sin tener que cargar con lastres de morosidad y deudas que le imposibiliten tener un nuevo comienzo.

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