Sonia Ivette Vélez Colón

Punto de Vista

Por Sonia Ivette Vélez Colón
💬 0

Ante el poder judicial

Por los pasados cinco años, dedicada exclusivamente a la cátedra en dos escuelas de Derecho, solía explicarles a los estudiantes la trascendental importancia del poder judicial de un país en torno a la estabilidad que este ofrece, a la legitimidad de su comportamiento y a la corrección del tracto jurídico y resolución de las controversias.  

Habiendo dedicado 30 años de mi vida profesional a la Rama Judicial, desde distintas posiciones, tanto en el ámbito adjudicativo como administrativo, me sentía con la suficiente autoridad en el aula para realizar con contundencia tal exclamación.  Acostumbraba a ilustrar la aseveración con la responsabilidad que tiene en sus manos la jueza que atiende los asuntos bajo la ley Promesa y la acción de quiebra bajo esta instada, al argumentar como Puerto Rico en términos económicos y socio políticos dependía de la corte.  Lejos estaba de imaginar que, para el semestre que se inicia en unos días, tendré la oportunidad de utilizar ejemplos aún más cercanos y reales en consideración a los eventos que se han producido en el país durante la revolución del verano, de la que todos en alguna medida hemos sido partícipes. 

En estos días he trasladado mi cátedra sobre la formación de la judicatura puertorriqueña a la sala de mi casa y a conversaciones bastantes íntimas en grupos donde se ha generado gran interés.  He debido explicar nuestro sistema republicano de gobierno de base constitucional en más de una ocasión, regalar unas cuantas constituciones, explicar cómo se iba comportando cada poder constitucional a medida que se sucedían los hechos en el país y a manera de pitonisa, anticipar la intervención del poder judicial para que el trípode ejecutivo, legislativo y judicial tuviera visibilidad en su más excelsa expresión. Competí en ello con nuestros mejores analistas.

Finalmente, será el artículo V de nuestra Constitución dedicado al poder judicial, el que nos legue un gobernador o gobernadora.  

Nuestro Tribunal Supremo trabaja como ente colegiado, a diferencia de una corte unipersonal, como son nuestros tribunales de instancia, nuestro más alto foro resuelve las controversias con pluralidad de jueces.  En nuestro caso compuesto por nueve jueces, las decisiones del Tribunal en pleno se adoptarán por mayoría de los que intervengan, pero ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces y las juezas que componen el Tribunal.  

Aunque pueden trabajar en salas de despacho con hasta tres jueces para atender casos, la excepción la constituyen aquellos para los cuales la Constitución dispone un número mínimo de jueces y juezas como lo es una declaración de inconstitucionalidad. Las partes podrán solicitar vistas orales y el Tribunal, a su discreción o a su propia iniciativa, podrá concederlas o no.  De no concederse los asuntos se resolverán exclusivamente por los escritos y alegatos presentados por las partes.

Existe todo un mecanismo reglamentario para la asignación del caso a quien será el juez ponente, hecho que ocurre luego de la discusión en la reunión del pleno, es decir en la reunión que se celebrará con la asistencia de todos los jueces del tribunal.  Se distinguían las reuniones del pleno por la profundidad e intensidad con la que podían ser defendidas las posturas de cada miembro.  Los jueces apertrechados con el estudio de los escritos, lectura de casos, tratadistas, artículos de revistas jurídicas, análisis y filosofía adjudicativa llegarán para exponer y convencer al par.

El poder de asignar el caso recae en el juez presidente o jueza presidenta, si vota con la mayoría, o en el juez de mayor antigüedad en mayoría dependiendo si la presidencia y el de mayor antigüedad quedan en minoría en cuanto a su posición de cómo resolver.  En quien finalmente recaiga la responsabilidad de resolver el caso en sus méritos y escribir la decisión deberá circularla y conseguir el aval mayoritario de sus compañeros de corte.  Este escrito por lo general va a incluir una relación de hechos, explicará la controversia que deberá resolver, cómo la resuelve y los fundamentos para ello esgrimidos.  La decisión que se certifique constituirá la Opinión de la corte, constituyendo esta un precedente obligatorio para todas las partes y más allá para la comunidad jurídica y para la sociedad en general.  

El norte del Tribunal Supremo será la unanimidad de criterio al resolver, pero cualquier juez o jueza que desee expresar por escrito su criterio podrá así hacerlo.  Por ello, la Opinión podrá venir acompañada de escritos de otros jueces del Tribunal que expresen su conformidad, su concurrencia o aquellos que estén en disidencia con la mayoría y los fundamentos considerados para cada posición. 

La gran responsabilidad que tiene ahora nuestro Tribunal Supremo no tiene comparación y no hay precedente.  De ella saldrá la ruta de la gobernación de nuestra patria ante controversias de índole legal y constitucional.  Se presenta la gran oportunidad de elevar a niveles insospechados la legitimidad de nuestro Tribunal Supremo.  Confiemos en su sabiduría, que cada juez o jueza, no importa lo que escriba, encuentre las palabras precisas para decirlo y que sean comprensivas a todos nosotros. Que con ello se traiga Justicia y sosiego a nuestro pueblo.

Otras columnas de Sonia Ivette Vélez Colón

💬Ver 0 comentarios