Juan R. Fernández

Punto de vista

Por Juan R. Fernández
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Ante la crisis fiscal: ¿austeridad negociada?

La importancia que para todos tiene el proceso de la resolución de deuda pública que nos agobia en Puerto Rico, obliga a no desviar nuestra atención de su desarrollo. Tal atención amerita el reciente algo alborozado anuncio por la señora Natakie Jaresko de que los acuerdos logrados por la Junta de Control Fiscal con distintas agrupaciones locales permitirán llevar al tribunal el Plan de Ajuste de la deuda, lo que pondría “a la vista el fin de la bancarrota”.

Antes de repicar campanas veamos esto en el contexto de la experiencia en otros países que han seguido prácticas similares.

En la reciente publicación “Austerity: 12 Myths Exposed” efectivamente se cuestionan supuestas virtudes atribuídas a la austeridad como mecanismo de recuperación económica. Se enfatiza que, por el contrario, abundante evidencia demuestra que tal práctica “no ha llevado a la revitalización de la economía y ( menos) al desarrollo” y si algo queda claro es que “la austeridad es un instrumento de los intereses financieros nacionales e internacionales y no es solución para los problemas en gran medida causados por dichos mismos intereses”.

Se describe detalladamente cómo en varios países europeos al implantarse el “diálogo social” como estrategia para enfrentar la crisis, en la práctica dicho mecanismo lamentablemente se convirtió en negociaciones para la concesión, según el cual sindicatos y otras agrupaciones de la sociedad civil se vieron obligadas a, desde su impotencia, ceder derechos y logros conquistados con la débil esperanza de salvar tan siquiera algo (limitar recortes en salarios; conseguir seguridad de empleo) para su matrícula.

Ante los sorprendentes procesos de reestructuración tramados por la Junta, las resignadas declaraciones por los participantes al llegar a acuerdos (hicimos lo que pudimos, nada más era negociable), al conocer sobre “pactos preliminares” y las algo alborozadas declaraciones de Jaresko, es de rigor llamar a la cautela. Esto a pesar del “simpático” consejo de la directora ejecutiva de la Junta: “Cada acreedor debe tomar su decisión si pacta... o si quiere tomarse el riesgo de litigar...” y aunque ella “se siente optimista en que la Corte aprobará el plan” que someta la Junta.

Reconocimiento favorable merecen el voto en contra de los maestros ante el pacto acordado, así como la declaración de Roberto Pagán, presidente del Sindicato de Trabajadores Puertorriqueños sobre que el gremio no negociará con la Junta. Se trata de no reconocer un mecanismo convertido en instrumento de legitimación dando impresión de que aceptamos que la austeridad sea para unos mientras los subsidios, incentivos y contratos son para otros.

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