Carlos E. Ramos

Tribuna Invitada

Por Carlos E. Ramos
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Apartheid religioso

Sin acreditar la existencia de un problema, un proyecto de ley propone una forma de corregir lo inexistente. Peor aún, resulta redundante pues el propio proyecto P. de la C 2069, reconoce que ya una ley federal ofrece protección si fuese necesaria para este tipo de situación. Todavía más: proclama la necesidad de “proteger la libertad religiosa”. Por tanto, afirma al país y al mundo que los derechos de la libertad de culto en Puerto Rico son inexistentes o están en peligro. Todo sin un ápice de referencia o prueba empírica, circunstancial o anecdótica que explique lo que se quiere resolver.

El proyecto obliga a las ramas de gobierno a desarrollar unas “guías de protección”. ¿Cómo se supone que se conceptualicen estas guías? ¿Cuál es la experiencia que las fundamentará? Se incorpora el concepto de “acomodo razonable” el cual proviene de leyes creadas para corregir el terrible mal social que constituye el discrimen contra personas con discapacidad o condiciones especiales físicas o mentales. En estas leyes corresponde a quién necesita el acomodo demostrar la existencia de la condición especial. El P. de la C. 2069 privilegia una nueva “condición”: la creencia religiosa. Ordena que el oficial de acomodo no cuestione la razonabilidad de la creencia, aunque puede denegar el acomodo si existe “dificultad excesiva” al ofrecerlo. ¿Cómo se implementará esto?

La única explicación para todo este sinsentido radica en lo que resultaría esta ley: crear en el servicio público un apartheid gubernamental y una guerra de religiosa. Todo lo contrario de lo que estoy seguro quisiera el gobernante de turno. El fundamentalismo religioso pretende imponer sus creencias sobre la sexualidad humana. Como perdieron la batalla contra el matrimonio igualitario, se arman de herramientas de combate como esta. Pregunto: ¿cómo sabrá el servidor público que busca el acomodo que lo solicitado atenta contra sus creencias? ¿Por su mera manifestación? ¿Por su apariencia o gestos? ¿Por el conocimiento personal que tiene el solicitante del servicio?

La libertad religiosa incluye el derecho de no ser creyente. El P. de la C. 2069 parece olvidarse de esto. Haga una lectura del proyecto y allí donde menciona “libertad religiosa o de culto” sustitúyalo por “libertad de no ser creyente”. Un servidor público no creyente puede usar el proceso para pedir acomodo y negar servicios públicos a sacerdotes, ministros o personas que manifiesten sus creencias religiosas. Este servicio podría crearle una carga sustancial a su derecho constitucional al no culto religioso.

No se debe privilegiar la libertad de culto para esconder el odio y lacerar otros derechos. Se crea un problema de desigualdad esencial e indigna. ¿Podría un funcionario público miembro de la comunidad LGBTT negarse a ofrecer servicio a un solicitante fundamentalista religioso por atentar ello contra su dignidad? La ley no le ofrece esta alegada protección. Solo privilegia la libertad de discriminar por razones religiosas.

“Haz bien y no mires a quién”. Imperativo humano fundamental; parte de nuestra hermosa cultura. ¿Cómo cambiarlo por un “haz bien, pero depende de a quién”?

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