Carlos "Johnny" Mendez

Tribuna Invitada

Por Carlos "Johnny" Mendez
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Apoyo al acceso a la evidencia

No vamos a permitir que una persona inocente cumpla tiempo en prisión por falta de acceso a evidencia exculpatoria que no existió durante el proceso judicial inicial.

Esa es la premisa detrás de nuestra iniciativa el pasado lunes de radicar un proyecto que enmienda el Artículo 4 de la Ley 246-2015 para que el término de 12 meses comience a ser contado a partir de que la persona, o su representación legal, advino en conocimiento de la evidencia que le permite sustentar la petición de prueba de ADN.

Esto va permitir una fecha cierta para ejercer el derecho, pero a la vez hace justicia para que personas, que por alguna razón u otra no han podido ejercer el derecho, lo puedan hacer y sometan su caso ante la justicia.

Nuestro proyecto mantiene la política pública en lo que creemos, que debe ser la Rama Judicial la que tome la decisión sobre si procede o no la petición.

Recientemente, este diario publicó una historia titulada “Matan la ley de pruebas de ADN”, en donde indica que ya no se puede usar la “Ley para Pruebas ADN post Sentencia” porque el Tribunal de Apelaciones dictaminó que ésta tenía un periodo de caducidad de 12 meses a partir de su aprobación, que fue el 29 de diciembre de 2015. Esta es la misma posición del Departamento de Justicia, la cual, entendemos no es correcta.

Dicha interpretación está fundamentada en la redacción precisamente del Artículo 4. Por esto precisamente es que tomamos la decisión de dejar claro cuál fue la intención legislativa, para que así no vuelva haber ninguna otra interpretación que no sea la justa.

La mencionada Ley, la cual contó con mi total apoyo y respaldo, fue aprobada bajo la premisa que “un solo inocente tras las rejas es suficiente para que esta Asamblea Legislativa apruebe la presente Ley, siendo nuestro deber proteger al máximo nuestra Carta de Derechos, primera línea de defensa de nuestra democracia”.

Si prevaleciera la posición de Justicia, la persona inocente no podría someter su caso ante la consideración de un tribunal para que se le permita hacer una prueba de ADN a la evidencia que tenga fiscalía, principalmente en casos en que dicha prueba ni siquiera estaba disponible todavía al momento de una sentencia de culpabilidad, esa persona estaría siendo sometida a una gran injusticia y eso no lo vamos a permitir.

Agradezco el respaldo que ha tenido la iniciativa de todos los sectores, incluyendo entidades como el Proyecto Inocencia, al igual que de muchos individuos que entienden, como yo, la urgencia de hacer justicia a todos.

Con esta legislación que sometimos, la Cámara de Representantes honra el principio básico de toda sociedad democrática en el mundo: la inocencia, que, aunque pudiera haber sido derrotada en un juicio, es una aspiración que tiene la justicia, tan antigua como la sociedad occidental y la democracia representativa que todos defendemos.

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