Mabel T. López Ortiz

Punto de vista

Por Mabel T. López Ortiz
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Apoyo al trabajo social para proteger a nuestros ancianos

Hace unos meses argumenté en este espacio sobre la urgencia de generar política pública que atendiera el aumento en la población de adultos mayores en el país. Ayer este diario publicó con destaque más información sobre el alza en el número de personas mayores que recibe servicios del gobierno. La noticia reitera la urgencia de prepararnos para el cambio demográfico de nuestro país.

Desde el trabajo social hablamos de atender a las poblaciones más vulnerables. En este sentido nos referimos a la responsabilidad del gobierno de crear política pública que contenga estrategias dirigidas a servicios para quienes no pueden por ellas mismas atender las situaciones de vida, con el reconocimiento de que estas acciones son derechos humanos. El problema está identificado, el alza en la población de adultos mayores haya sido una denuncia de las profesionales en las ciencias sociales, que visibilizan el impacto en la primera agencia que atiende los servicios sociales en el país, el Departamento de la Familia (DF). La agencia reveló un aumento para este año de 4,222 adultos mayores bajos sus servicios.

Cuando nos referimos a esta agencia, se identifica en sus recursos humanos a la profesión del trabajo social en país. Los profesionales del trabajo social trabajan contra la pared en ocasiones, por la falta de recursos de apoyo coherentes -en este caso- con la cantidad de adultos mayores atendidos. Esta situación afecta las condiciones de trabajo para nuestros profesionales, que a su vez afecta los servicios que se ofrecen a los adultos mayores como es su derecho. 

En el artículo publicado ayer se presentan recomendaciones para aumentar la cantidad de recursos profesionales que respondan a la atención de los adultos mayores, el trabajo social es una de esas profesiones. A pesar de aumentar la cantidad de recursos de profesionales del trabajo social en el DF, la retención de estos se torna cuesta arriba por la complejidad social que enfrentan nuestros viejos y viejas, y la carencia de recursos y servicios de apoyo.  

La política pública del gobierno debe comenzar con datos que ayuden a describir las situaciones que resultan del contexto político, económico y social en el que vivimos, para encargarse de estas. Esto es un modelo clásico y sencillo de generar la política que debe regir los servicios a la ciudadanía. El gobierno debe reevaluar las condiciones en los programas de servicios sociales del país, en especial en el DF. Es necesario identificar los servicios esenciales en asuntos de atender a las poblaciones vulnerables como niñez, mujeres y adultos mayores, esto permitiría ofrecer prioridad frente a la “crisis fiscal”.  


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viernes, 25 de octubre de 2019

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