Christian E. Cortés Feliciano

Tribuna Invitada

Por Christian E. Cortés Feliciano
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A recoger vela con los nombramientos de receso

El ordenamiento jurídico actual, específicamente lo correspondiente a las disposiciones constitucionales sobre la sustitución del gobernador por el secretario de Estado, los nombramientos de receso, lo establecido en la Ley Núm. 7 de 24 de Julio de 1952, según enmendada, conocida como “Ley para Proveer el Orden de Sucesión y Sustitución para el Cargo de Gobernador” y la interpretación dada a la Constitución por la rama legislativa y ejecutiva, viabiliza que ocurra un escenario como el del pasado viernes: un secretario de Estado no confirmado por ambos cuerpos legislativos sustituya permanentemente a un gobernador electo. No obstante, una cosa es viabilizar el proceso seguido y otra cosa es que ese proceso sea correcto desde un punto de vista constitucional. Al final, el Tribunal Supremo es el último interprete de nuestra Constitución y sobre dicho organismo recae la responsabilidad última de permitir o no el proceso seguido

Se ha interpretado que los nombramientos de receso facultan a la persona así nombrada a ejercer el cargo con todas las facultades, deberes y obligaciones de los nombramientos en propiedad. Como cuestión de hecho, las únicas limitaciones que impone expresamente la Constitución de Puerto Rico a los nombramientos de receso son: (1) que estos solo pueden expedirse cuando el Senado no esté en sesión, y (2) que quedarán sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria. Sin embargo, es mi parecer que la doctrina de separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos imponen limitaciones al poder de nombramiento de receso del gobernador adicionales a las dispuestas expresamente en nuestra Constitución.

La doctrina de separación de poderes prohíbe que una rama del gobierno reclame para sí funciones que viabilicen el abuso de poder o reduzcan sustancialmente las facultades esenciales de las otras. Precisamente esto es lo que ocurre si el Tribunal Supremo permite que un gobernador electo pueda escoger su sustituto a través de un nombramiento de receso. De hecho, el fin último de la doctrina de separación de poderes es evitar que se concentre excesivamente el poder en una sola rama de gobierno, tal cual está ocurriendo actualmente. 

Fomentar la deliberación democrática entre las distintas ramas de gobierno en uno de los objetivos de la doctrina de separación de poderes, objetivo que evidentemente no se cumple con el ordenamiento jurídico actual. Por ello, corresponde a nuestro Tribunal Supremo la responsabilidad de modificar dicho ordenamiento jurídico y no permitir que mediante un nombramiento de receso el ejecutivo pueda despojar a la rama legislativa del poder de confirmación que le confiere la Constitución

Recoger vela con los nombramientos de receso; esa es la responsabilidad que le corresponde al Tribunal Supremo. 

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