Yolanda Cordero Nieves

Punto de vista

Por Yolanda Cordero Nieves
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A reconstruir el servicio público

Puerto Rico tiene múltiples necesidades. Necesitamos una economía pujante, una sociedad próspera, equitativa y solidaria, una cultura política ética, líderes que coloquen siempre el mejor interés público sobre cualquier interés. Pero para lograr estas cosas, se necesita además un servicio público de primer orden, profesional, motivado, productivo y con las capacidades para atender esas y otras necesidades. Y esto es algo que no se logra de la noche a la mañana. 

El nuestro es un servicio público que hay que reconstruir porque lo hemos deteriorado tanto que requiere de importantes acciones legislativas para que dentro de diez años podamos contar con el mejor servicio público de este lado del hemisferio. 

¿Cuáles son los mayores desafíos para lograrlo? Precisamente las acciones legislativas. Mientras desde la academia documentamos el estado crítico del servicio público y hacemos recomendaciones para fortalecerlo; desde la Legislatura se formulan propuestas sin fundamentos, incongruentes y carentes de algún propósito que no sea el beneficio político. 

El P. de la C. 2929 es un buen ejemplo. Se trata de un proyecto de ley que, insultando la inteligencia del pueblo, propone hacerle justicia a los empleados transitorios, otorgándoles puestos permanentes a quienes lleven nombrados dos años o más. Es la misma iniciativa que hace cuatro años propuso sin éxito la representante Jenniffer González, y que lograron aprobar los exgobernadores Hernández Colón, Rosselló y Calderón para conceder permanencia a docenas de miles de empleados nombrados sin cumplir con el principio de mérito. Eso significa que no compitieron por sus puestos, de forma abierta y en igualdad de condiciones que cualquier hijo de vecino.

El P. de la C. 2929, aprobado en ambos cuerpos, busca derrotar el mérito y privilegiar a quienes tienen amigos en el poder. Y a diferencia de las leyes aprobadas anteriormente, esta vez no es una especial con vigencia de una ocasión. El proyecto le otorga este privilegio a los nombrados por la presente administración y a los empleados transitorios que puedan ser nombrados en el futuro. Quiere decir que, en adelante, será una rareza que una agencia publique una convocatoria de empleo, porque los puestos del gobierno serán cubiertos de forma casi automática, cuando el empleado transitorio, seleccionado sin competir, cumpla dos años en su empleo. 

Este proyecto legisla privilegios, cometiendo una gran injusticia contra los cientos de estudiantes que se esfuerzan por alcanzar los mejores promedios, que desarrollan las mejores destrezas y actitudes para el servicio, porque esos estudiantes no podrán ingresar al servicio público, a menos que tengan “una pala” en una agencia. No debe pasar bajo el radar la irresponsabilidad de aprobar piezas legislativas que dañan, en lugar de fortalecer, nuestro debilitado servicio público. Así no se hace patria, así no se construye una administración pública competente. Confiamos que el P. de la C. 2929 no se convierta en ley.

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