Emilio Nieves Torres

Punto de Vista

Por Emilio Nieves Torres
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A repensar Educación sin fondos federales

El anuncio de que se congelan $1,535 millones de fondos federales en el Departamento de Educación es un rudo golpe al sistema de educación pública que se ha implantado en los últimos 20 años. 

Es la primera vez en la historia que se cierra la puerta de los fondos federales para Educación. Cada año que se aprueba el presupuesto del gobierno de Puerto Rico se hace referencia a que cerca del 40% de los fondos de educación provienen del gobierno federal. Por lo tanto, esta medida va a requerir la evaluación total de las partidas en el presupuesto del Departamento de Educación.

Esta congelación de fondos no está desvinculada de las acusaciones en el Tribunal Federal contra Julia Keleher. Sin embargo, no se limita a eso. Diversos eventos de corrupción ocurridos recientemente podrían generar medidas similares en otras agencias y corporaciones. Con la congelación de fondos federales, estamos ante la posible decisión de recortar o eliminar la asignación de fondos federales de forma permanente en el Departamento de Educación, lo cual nos obliga a repensar el sistema de educación pública.

Nunca ha quedado claro cuánto de esos fondos realmente llegan a la sala de clases. En cambio, sabemos que una gran parte de esos fondos se quedan en la ganancia de compañías privadas y por eso son las más preocupadas con este anuncio de la congelación de fondos federales. Hay que reconocer que parte de esos fondos son para servicios de educación especial, contratación de maestros y compra de equipo para la sala de clases. Esto hay que garantizarlo.

Además, va a requerir la evaluación total de la justificación de los fondos federales en el presupuesto del Departamento de Educación. En torno a estos fondos se han creado en Educación diversos esquemas de corrupción en el cual se organiza un sistema que gira en torno a compañías privadas que elaboran y administran pruebas estandarizadas para medir aprovechamiento académico, ofrecer servicios de tutorías en horario extendido, desarrollo profesional a los maestros y asistencia técnica a directores escolares. Todos estos contratos tienen el hilo conductor de que se mejore el resultado de pruebas estandarizadas. Sin embargo, luego de 15 años de este esquema, los resultados del fracaso en las pruebas justifican su permanente contratación.

Hay que evaluar todos los gastos necesarios e indispensables y descartar los gastos innecesarios. Hay que descartar las estructuras administrativas que no son necesarias y eliminar los contratos con diversas compañías privadas. Hay que redirigir los fondos al salón de clases, la contratación de maestros y los servicios a los estudiantes de educación especial. Hay que buscar nuevas formas de medir el aprovechamiento académico y fortalecer el desarrollo profesional de los maestros, utilizando nuestros propios recursos y mediante las alianzas pertinentes con la Universidad de Puerto Rico.

La solución no puede ser peor que la enfermedad. No es buscando un sindico o que la Junta de Control Fiscal administre los fondos federales. La docencia y su administración es exitosa si está en nuestras manos. Se impone el camino de la autonomía docente, administrativa y fiscal. Si la educación pública no puede estar en manos de los puertorriqueños habremos fracasado como país y como nación.

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