Ramón Cruz

Tribuna Invitada

Por Ramón Cruz
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A repudiar la quema de ramas y troncos

Recientemente el Cuerpo de Ingenieros (USACE, por sus siglas en inglés) solicitó una dispensa para que un proyecto piloto que busca quemar material vegetativo (ramas y troncos) acumulados después del huracán María no tenga que cumplir con el Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).  Esta solicitud es problemática tanto por sus impactos ambientales y a la salud pública, como para la economía y la justicia ambiental.

El USACE ya intentó fallidamente incinerar material vegetativo en Islas Vírgenes. El Sierra Club, organización de la que formo parte de su junta de directores, radicó una demanda que evitó tal acción.  Ahora la agencia lo empuja como “proyecto piloto” para Puerto Rico, utilizando una técnica conocida como incineración de cortina de aire, donde el material es colocado en una trinchera escavada en el suelo para ser quemado mientras abanicos industriales generan una corriente de viento o “cortina” sobre las llamas para evitar que las cenizas vuelen a la atmósfera.

Es importante desmitificar estas prácticas que en realidad acaban siendo una quema abierta que, aun cuando evite la dispersión de las cenizas, resulta en la emisión de gases contaminantes y material particulado que afecta grandemente la salud respiratoria y cardiaca de grupos vulnerables como infantes y ancianos.  Esto es más relevante cuando la calidad de nuestro aire está afectada por las emisiones de los generadores portátiles utilizados para subsanar la falta de electricidad y cuando más personas están expuestas, al dormir con ventanas abiertas y sin el aire filtrado por los purificadores o aires acondicionados.   

De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC en inglés) y el Departamento de Salud de Puerto Rico, la tasa de asma en la isla es dos veces mayor a lugares con mayoría de raza blanca en Estados Unidos, representando también un problema de justicia ambiental.

En tiempos en que existen graves preocupaciones sobre los efectos del cambio climático, entre los que atribuye la intensificación extraordinaria de los huracanes, es irresponsable proponer prácticas que potenciarían tales impactos. 

Mas allá del impacto ambiental y en la salud pública, quemar este material es quemar dinero pues tiene un valor económico para la restauración del suelo en reservas naturales, en jardines, como material de construcción y como cubierta diaria en los vertederos.

La responsabilidad no solo recae en USACE, sino también en la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), que tiene que dar el visto bueno a estas propuestas y provee los fondos para que el USACE actúe como una especie de contratista. 

De la misma forma, es responsable también el Gobierno de Puerto Rico que tiene que autorizar o no esta dispensa.  La Presidenta de la JCA, quien es también Secretaria del DRNA, debe denegar esta propuesta e impulsar proactivamente la composta.  El gobierno puede aceptar este material para restaurar el suelo en las reservas naturales (en vez de pagar por “top soil”) e inclusive pudiesen pedir una tarifa por aceptarlo como muchos vertederos cobran al USACE, generando ingresos para una agencia que sufre graves problemas económicos. 

Este problema se pudo atender antes, a no ser por la dejadez de estas agencias, que a cuatro meses del fenómeno ya constituye negligencia.  Pareciera, incluso, que la laxitud en haber atendido esta problemática a tiempo ha sido con la intención expresa de poder justificar ahora la quema.

Pero todavía estamos a tiempo y aparentemente la industria local de reciclaje y composta están dispuestas a ayudar.  ¿Por qué quemar oportunidades económicas o contribuir al ataque de asma de un infante cuando hay alternativas sostenibles? 

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