Iris Rosario

Punto de vista

Por Iris Rosario
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Arrestar la solidaridad

Al final de los años 80 y durante el inicio de la década del 90, el neoliberalismo se convirtió en el nuevo paradigma de gobernabilidad. La privatización y la desregulación se conformaron como la racionalidad instrumental de un Estado que eliminó o redujo dramáticamente todas las infraestructuras solidarias que caracterizaron al estado de bienestar (Garland, Foessel y De Giorgi). Casi en paralelo, el fenómeno de la globalización se fue concretando con todas sus ventajas y desventajas. En ese escenario, los Estados perdieron mucha de su capacidad soberana ante la incertidumbre que desatan los riesgos creados globalmente (Beck). En este contexto, la única vía que le resta al Estado es gobernar a través de políticas criminales muy punitivas. Así las cosas, el neoconservadurismo se robustece de manera simultánea al Estado neoliberal y emerge una figura nueva para las democracias: “un Estado liberal autoritario” en el que la seguridad es promovida como fin en sí misma y como su única fuente de legitimación (Foessel).  Se trata, algunos han manifestado, de gobernar a través del crimen.

Durante la década del 90, en Puerto Rico se asistió a un experimento neoliberal en el que gran parte de la infraestructura gubernamental fue desmantelada. El sistema educativo y el sistema sanitario recibieron la mayor embestida en este contexto. Como resultado, y desde ese momento, muchas políticas asistencialistas desaparecieron y la calidad de vida de una parte importante de la ciudadanía de la isla también mermó dramáticamente. Al mismo tiempo, sin embargo, se presenció un giro punitivo en lo que a las políticas criminales se trataba con la implementación, entre otras, de la llamada “Mano dura”. En otras palabras:  se pasó de un “Estado social” a un “Estado penal” (De Giorgi) en el que las políticas criminales son el único ámbito con las que el Estado puede hacerse valer. 

La pandemia que estamos viviendo ha consolidado el Estado liberal y autoritario en Puerto Rico.  De una parte, la inexistencia de una red gubernamental asistencial ha dejado al descubierto: la fragilidad de un sistema sanitario privatizado que obedece a los designios de la oferta y la demanda, y que está plagado de corrupción; la desnutrición de una parte importante de la población que depende del servicio que, bien o mal, proveen los comedores escolares; y el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran mujeres y niños. De otra parte, el fortalecimiento del “Estado penal” que se sustenta con la declaración, sin ninguna deliberación democrática, de un “estado de excepción” que es utilizado por el aparato represivo para desplegar su poderío con la pretensión de legitimarse como autoridad. 

La figura de la gobernadora de Puerto Rico ejemplifica notablemente las dinámicas que se corresponden con “la atrofia del Estado social y la hipertrofia del Estado penal” (Waquant). Por un lado, ha sido incapaz de salvaguardar los intereses de determinados sectores a través de políticas solidarias que los protejan ante las consecuencias terribles de la pandemia. Ni siquiera ha podido proveer mascarillas, guantes o pruebas a la población. Mucho menos desarrolló una estrategia para proveer alimentos a los niños, mujeres y ancianos más desprovistos del país. Lo que sí permitió fue que la policía desplegara su poder interviniendo, por ejemplo, con aquellos que no llevaban mascarillas cuando el gobierno no aseguraba el abastecimiento de estas. Tampoco desarrolló un plan para disminuir el riesgo de contagio de las personas privadas de la libertad en las instituciones penales de la isla mediante una liberación masiva, pero sensible y bien planificada. 

El despliegue más burdo, sin embargo, de la “hipertrofia penal” en Puerto Rico se observó ayer con el arresto de Giovanni Roberto. Giovanni ha denunciado incansablemente la situación de hambre en la que se encuentran muchas personas en el país. Lo hace tendiendo puentes de solidaridad y sirviendo un plato de comida a la gente que lo necesita. Y no solo lo ha hecho en el contexto de esta pandemia, sino que también lo hizo durante el periodo post María. Sus denuncias en el día de ayer pretendían visibilizar los estragos que causan las políticas de privatización y austeridad en los más indefensos. El gobierno, tomando ventaja de los poderes que se ha abrogado con el “estado de excepción”, y conociendo la escasa legitimidad que tiene ante la ciudadanía, transmitió un mensaje prístino: no tenemos la infraestructura gubernamental para protegerles durante una pandemia; pero ante las protestas que ello pueda causar, el sistema penal será utilizado para poner “orden” y para arrestar la solidaridad.


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