Osvaldo Carlo

Punto de vista

Por Osvaldo Carlo
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Arrestos federales: la gente no aprende

Chrystal Robles Báez, Isoel Sánchez Santiago y Ángel Figueroa Cruz fueron arrestados esta madrugado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). Los arrestos están relacionados con una acusación emitida por un Gran Jurado el día 28 de mayo de 2019.

Según el pliego acusatorio, el 1 de enero de 2017 la acusada Robles Báez incorporó Global Instant Consulting Group con el propósito de suministrar servicios de consejería administrativa y política, talleres de trabajo, relaciones públicas y consultoría. Según los registros del Departamento de Estado, las oficinas de la corporación están localizadas en la Urb. El Retiro de Humacao.  

El 1 de enero de 2017, el acusado Sánchez Santiago incorporó International Legislative and Governmental Consulting Group, con el propósito de suministrar servicios de consejería administrativa, preparación de propuestas, talleres de trabajo, incluidos procesos legislativos y parlamentarios. Según los registros del Departamento de Estado, las oficinas de la corporación están localizadas en la Urb. El Retiro de Humacao. Sánchez Santiago también era dueño de un negocio de venta de crepas en Humacao. 

Global Instant Consulting Group e International Legislative and Governmental Consulting Group comparten la misma dirección física y postal. Fueron incorporadas el mismo día. 

Figueroa Cruz era el director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado y la persona responsable de certificar las facturas, presentadas para pago, de los contratistas de dicha oficina.

El 19 de enero de 2017, Robles Báez firmó un contrato según el cual su corporación prestaría servicios como coordinador interagencial. Entre los servicios que suministraría al Senado se encontraban preparar legislación, analizar proyectos y presentar recomendaciones, preparar preguntas para testigos en vistas públicas, realizar investigaciones y recomendaciones para proyectos, representar al presidente del Senado en actividades legislativas, atender a constituyentes que visitan el Senado y los problemas de estos ante las agencias de gobierno. El tope del contrato era de $3,000 mensuales. 

El 17 de julio de 2017, Robles Baez firmó un segundo contrato como coordinador interagencial con básicamente las mismas funciones que suministraba en el primer contrato, el cual había vencido el 30 de junio de 2017. En el segundo contrato la compensación subió a un tope de $3,500 mensuales. 

En marzo 1 de 2017, Sánchez Santiago firmó un contrato, como presidente de su corporación, para prestar servicios a un representante electo en la Cámara de Representantes. Entre los servicios a prestarse estaban consultoría legislativa, preparar borradores y evaluar proyectos legislativos, relaciones públicas y preparación de comunicados de prensa. El tope mensual de este contrato era de $14,500. 

El 12de julio de 2017, luego del vencimiento del primer contrato, Sánchez Santiago firmó un segundo contrato para realizar sustancialmente las mismas funciones que realizaba en el primer contrato. En esta ocasión el tope del contrato aumentó a $15,000 mensuales. 

La acusación del Gran Jurado les imputa a Robles Báez y a Sánchez Santiago no realizar los servicios para los cuales fueron contratados, prestar servicios contrarios a lo especificado en los contratos, y certificar falsamente que sí llevaron a cabo los servicios o que los llevaron a cabo según las especificaciones de los contratos. Asimismo, se le imputa a Figueroa Cruz certificar para pago servicios que no fueron prestados o que no fueron prestados conforme a los términos de los contratos. 

El cargo número uno es el de conspiración para cometer fraude electrónico en tanto y en cuanto los acusados se valieron de medios electrónicos de comunicación en el comercio interestatal para ejecutar el fraude. 

Las autoridades alegan que, como parte de la conspiración, los acusados asistieron a actividades políticas legítimas durante la campaña de 2016 para comenzar a explorar oportunidades de negocios. 

Los cargos número dos al once son de fraude electrónico en el comercio interestatal en cuanto y en tanto los acusados se valieron de medios electrónicos de comunicación para ejecutar el fraude. 

El cargo numero 12 es apropiarse de fondos de una entidad que recibe más de $10,000 de programas federales, en este caso el Senado de Puerto Rico. 

Los cargos 14 al 17 son de robo de identidad agravada, en tanto y en cuanto los acusados incluían los nombres de personas a quienes alegadamente les habían prestado los servicios descritos en los contratos cuando en realidad no les habían prestado servicios.  

El cargo 18 es uno de lavado de dinero en cuanto y en tanto los pagos recibidos de la legislatura fueron depositados en bancos con el propósito de ocultar su origen ilegal. 

La acusación incluye la confiscación de $27,300, obtenidos ilegalmente por los acusados. 

Estos esquemas siguen el patrón de otros esquemas de corrupción pública que han sido el objeto de acusaciones federales en el pasado. La corrupción es un mal que se combate más efectivamente con la prevención. ¿Por qué? Porque la gente no aprende.

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