Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Así no se puede salir del hoyo

El gobierno está en quiebra y ahora mismo batalla para que la jueza federal Laura Taylor Swain avale su alegación de que no puede pagar la deuda de sobre $72,000 millones que ahoga al País, al tiempo que reclama miles de millones de dólares en fondos federales para la recuperación post María.

Pero no se engañe nadie. Ese escenario terrible es solo la cara más amable de la moneda.

La otra cara es mucho peor. Denota el carácter irresponsable y dilapidador del mismo gobierno que, mientras se cantaba “pelao” ante la jueza Taylor Swain, firmaba más de 16,000 contratos ascendentes a $2,140 millones solo entre los meses de septiembre y diciembre de 2017. El País estaba en plena emergencia tras el paso del huracán María el 20 de septiembre y con la mayoría de los servicios gubernamentales interrumpidos.

Este diario reveló esta semana que el 85% de esos contratos, por un total de $1,816 millones, corresponde al gobierno central. El 15% restante pertenece a los municipios, las áreas de desarrollo laboral y la Universidad de Puerto Rico.

A la Legislatura habría que dedicarle una columna aparte. En un año, entre enero de 2017 y enero de 2018 otorgó $50.3 millones en contratos, 118% más que en el mismo período anterior, según la investigación de El Nuevo Día.

Es cierto que los trabajos de restauración de la red eléctrica y los contratos de las aseguradoras de Mi Salud se llevaron el grueso del dinero: $675 millones el plan de salud del gobierno y $508 millones el restablecimiento de la electricidad, que seis meses después del huracán no se ha completado.

El gobierno se queja de que la Casa Blanca y el Congreso no atienden con celeridad la crisis fiscal –agrandada por el paso de María—que nos ha tocado vivir a todos, el sector público que la provocó y el privado, que sufre sus consecuencias. En el medio, los ciudadanos de a pié.

La respuesta ya la conocemos: no hay credibilidad. No confían. La prueba más reciente se encuentra en la carta poco amistosa que le envió a la Autoridad de Energía Eléctrica la jefatura de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal, con jurisdicción primaria sobre Puerto Rico, en reclamo de respuestas a alegaciones de corrupción.

Las denuncias de favoritismo, chantaje y soborno durante los trabajos de recuperación eléctrica tendrán que ser respondidas por el director ejecutivo interino de la AEE, Justo González.

Pero, volviendo a los contratos, hemos señalado reiteradamente que el gobierno, el actual y los anteriores, duplica funciones a diestra y siniestra mediante la contratación externa, una práctica que, cuando menos en el área de servicios profesionales y legales, muchas veces representa un malgasto de fondos públicos.

Como hemos indicado anteriormente, muchos de esos contratos se otorgan a correligionarios, amigos y familiares. Los políticos derrotados terminan casi siempre con su contrato si tienen la suerte de que su partido gane, o que algún correligionario obtenga un escaño o un alto cargo gubernamental.

Ese mal uso de fondos públicos, que se ha convertido en costumbre administración tras administración, unido a la falta de transparencia en el manejo de los asuntos gubernamentales, ha sido en gran medida responsable del deterioro rampante de las finanzas públicas.

Entonces vamos al tribunal a reclamar el amparo de la jueza Taylor Swain, y les juramos a los bonistas y otros acreedores que no podemos pagarles, y acudimos a Washington a suplicar que desembolse fondos federales a raudales.

¿Para qué? Para que, como ocurrió esta semana, quedemos retratados en las portadas de El Nuevo Día. El martes, la historia principal de portada decía: “Acreedores reclaman más de $900 millones”; el miércoles, “Sobre 16,000 contratos tras María”, y este jueves, “Aumentan los contratos en la Legislatura en un 118%”.

Es que así no se puede salir del hoyo.

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