Emilio Pantojas García

Tribuna Invitada

Por Emilio Pantojas García
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Asolados y desolados

Antes de los huracanes Irma y María, Puerto Rico estaba en la ruina económica. La corrupción y el mal gobierno iniciaron el proceso de destrucción socioeconómica. La recesión de 2006 marcó el principio de la gran depresión de los 2000. Los huracanes remataron el proceso.

La implantación del impuesto de venta y uso (IVU) en 2006 fue el primer cañonazo en el proceso de destrucción. La Ley 7 de 2009, declarando la emergencia fiscal para “salvar” el crédito del gobierno de Puerto Rico, fue el “tiro de salida” para la mayor ola migratoria en la historia de Puerto Rico.

Los despidos masivos de empleados públicos y la contracción económica sostenida impulsaron la emigración de 527,267 personas entre 2009 y 2015; 75,324 por año. En estos siete años emigraron más personas que en las décadas de los cincuenta (446,693 personas, 44,669 por año) y la de los ochenta (490,562 personas, 49,056 por año).

Antes de Irma y María, el país había sido asolado (destruido, arruinado, arrasado) socioeconómicamente por la kakistocracia bipartita. En medio de la gran depresión, la clase política criolla se negaba a abandonar sus prácticas corruptas y a reformar las finanzas del país.

La historia no puede contarse por lo que pudo haber sido y no fue, pero el proceso de asolamiento previo a los huracanes pudo haberse paliado, si no evitado. Si en 2006, por ejemplo, se hubiese aprobado una reforma al impuesto sobre la propiedad en vez del IVU, se habría remediado la evasión contributiva de negocios locales y personas que trabajaban por cuenta propia. Todos los ingresos personales no declarados habrían sido “contabilizados” en las propiedades de los que decían ganar poco mientras vivían en mansiones y “escondían” su dinero especulando en bienes raíces. Si el CRIM hubiese creado, como se propuso, una oficina de “tasador municipal” para el registro y tasación de todas las propiedades en cada municipio, se habrían incrementado los recaudos sin necesidad una sobre tasa de impuesto a la propiedad, como dispuso la Ley 7. No hacerlo propició que estallara la burbuja inmobiliaria que desvalorizó las propiedades y desató su abandono masivo.

Al momento del azote de los huracanes Irma y María, el país ya había sido asolado. La kakistocracia y la plutocracia (la clase adinerada criolla), quienes hoy piden sacrificios a los trabajadores/as y abogan por nuevos incentivos, fueron los que se apropiaron y malversaron los recaudos del IVU. Muchos fueron los profesionales y empresarios que, a pesar de la crisis, continuaron evadiendo impuestos como evidenció la agresiva campaña del Secretario de Hacienda Juan Zaragoza. Los huracanes añadieron, pues, desolación al asolamiento.

A nueve meses del desastre, los malos gobernantes y los inversionistas políticos dejan en el abandono a un pueblo afligido y angustiado (desolado) y sumidos en la extrema pobreza y la desesperanza. Envejecientes, niños y niñas, madres solteras y jóvenes desempleadas/os, se encuentran literalmente a oscuras, indefensos y desamparados. No se trata de los “más vulnerables” sino de los empobrecidos desde antes de los huracanes, que ahora, descorrido el velo, vemos con claridad.

La kakistocracia y la plutocracia, indiferentes al dolor, pelean entre ellos por presupuestos para sus agencias, sus municipios, sus contratistas legislativos. Estos seres minúsculos y chatos que manejan el país y los dineros provistos por agencias federales de “ayuda” no se arrepienten ni se conmueven, siguen en la pelea chiquita por la repartición del botín de fondos para la reconstrucción.

No se confunda, los más vulnerables no son vulnerables, son los desamparados, abandonados a su suerte por el gobierno y los “contratistas” del gobierno para quienes “Puerto Rico se levanta” sobre su desamparo.

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