Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Asoma el fin de la dependecia

Gustavo Vélez

El lunes pasado, durante el Mensaje sobre la Situación de Estado, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, sorpresivamente anunció que adoptará como política pública, que los participantes del Programa de Asistencia Nutricional, (PAN) comiencen a buscar a empleo.

Según el primer mandatario, bajo esta nueva visión, su gobierno aspira a que el 50% o 60% de los actuales participantes del PAN busquen un empleo como condición para recibir este beneficio. Posiblemente, este es uno de los pronunciamientos más importantes que haya hecho gobernador alguno en la historia reciente de Puerto Rico.

A pesar de las diferencias que he tenido con algunas decisiones de la actual administración, me parece que es importante destacar la idoneidad y valentía de introducir este cambio de paradigma. A finales de febrero, Rosselló anunció también su intención de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, (AEE), como otra reforma estructural importante para fortalecer la competitividad de la isla.

Parece ser que, a pesar de los múltiples tropiezos recientes, el actual gobierno sabe que no hay otra ruta que no sea introducir las reformas estructurales como solución a los problemas fiscales y económicos.

Sin embargo, a pesar de lo plausible y pertinente del cambio filosófico del gobierno con respecto al estado de beneficencia social, la ruta de cambiar la cultura de dependencia será dura y empinada. Pero como dijo el filósofo chino Confucio: “Para dar mil pasos hay que empezar por el primero”.

Desde principios del siglo anterior, la dependencia de amplios sectores de la población en ayudas del gobierno federal y estatal han sido una constante en el fallido proceso de desarrollo del Puerto Rico actual.

En 1933 se instauró el primer esfuerzo federal para ayudar a mitigar la pobreza al instituirse en la isla la “Puerto Rico Reconstruction Administration” (PRRA). La PRRA surge como parte de los esfuerzos de la administración del presidente Franklin D. Roosevelt bajo el “Nuevo Trato” para ayudar a Puerto Rico durante la Gran Depresión. Junto al Plan Chardón, la PRRA constituyó el primer esfuerzo para modernizar la economía de la joven colonia de Estados Unidos en el Caribe.

A partir de 1948, ya bajo el despegue del proyecto de industrialización de Puerto Rico, se comenzaron a institucionalizar los primeros programas de asistencia social, mediante la repartición de parcelas de terrenos, bajo la visión del Partido Popular Democrático (PPD). Me acuerdo de las historias de mi abuela, de cómo el entonces gobernador Luis Muñoz Marín les hizo justicia a los pobres proveyendo parcelas y zapatos.

Décadas más tarde, el gobernador Pedro Rosselló (1993 – 2000), equipararía la gesta populista de Muñoz Marín. Mediante su programa de privatización del sistema de salud, repartió tarjetas de salud a 1.5 millones de los pobres de finales del siglo XX para que tuvieran acceso a hospitales privados. El populismo se volvió una poderosa herramienta para comprar votos. En la década del 70, el exgobernador Carlos Romero Barceló declaró que “la estadidad es para los pobres”.

En 1977, luego de otra crisis económica, mediante legislación federal se institucionaliza la dependencia al inaugurarse en la isla el programa de cupones de alimentos para proveer asistencia económica a miles de familias pobres para su alimento. Para 1981, el 56% de la población participaba del programa. Más adelante, el Departamento de Agricultura Federal cambió el programa a su versión actual bajo el Programa de Asistencia Nutricional, que permite a 1.4 millones de ciudadanos recibir los beneficios, que actualmente ascienden a $1,800 millones anuales.

La alta dependencia de los programas asistencialistas del gobierno parece ser el resultado de estrategias fallidas por parte del gobierno federal y las administraciones locales. La creación de programas de ayuda social fue la respuesta más fácil y rápida para subsanar las deficiencias de un modelo de desarrollo incapaz de proveer suficientes empleos, y de buena remuneración, para toda la población.

Claramente, la alta proporción de la población dependiente no solo del PAN sino de otras ayudas federales, responde a serias fallas estructurales del modelo de desarrollo económico. El alto nivel de pobreza es un problema multidimensional que requerirá de amplias y profundas políticas públicas adecuadas para superarlo. Sin embargo, es un hecho que la pobreza y la dependencia representan serios obstáculos para cualquier estrategia de desarrollo económico.

La baja tasa de participación laboral, (39%) y el gran tamaño de la economía informal, entre otros problemas, están profundamente ligados al problema de los programas de beneficencia social, que distorsionan el mercado de empleo y las conductas productivas. De igual manera, un sistema contributivo confiscatorio tampoco ayuda a incentivar a que las personas se inserten en el mercado de empleo.

De cara al proceso de grandes ajustes fiscales que tendrán altos costos sociales, la reforma del estado benefactor es una asignatura prioritaria para el país. Sin embargo, la transición efectiva de los actuales recipientes de ayudas federales va a requerir la creación de al menos 500,000 empleos de buenos salarios, en un lapso de una década.

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