Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Asuntos judiciales medulares

El tribunal creado por el Congreso para resolver la insolvencia de Puerto Rico bajo PROMESA tiene pendiente dos controversias medulares. La primera es una moción de desestimación en la que el fondo de inversión Aurelius Capital Management alega la invalidez de la Junta de Supervisión Fiscal (la Junta) creada bajo PROMESA, debido a que sus miembros no fueron confirmados por el Senado federal y, además, que los poderes delegados a la Junta violan la doctrina constitucional de la separación de poderes.

Aurelius no solicitó declarar inconstitucional la ley PROMESA, sino que pidió el nombramiento de una Junta luego de pasar el cedazo del Senado y que ésta pueda revisar las actuaciones de los actuales miembros. A la vez, la Junta ha recibido un espaldarazo potente de parte del Procurador General de los Estados Unidos, quien presentó un memorando a favor de la legitimidad de la Junta, basado en que los poderes del Congreso sobre los territorios son “plenarios”, y que los miembros nombrados a la Junta no se consideran oficiales federales “principales” que requieran la confirmación del Senado.

El Procurador también utiliza la desprestigiada teoría de los casos insulares, argumentando que el Congreso al legislar para Puerto Rico solo tiene que proveer los derechos constitucionales “fundamentales” por tratarse de un territorio no incorporado.

El memorando también explica que la cláusula de nombramiento de la constitución (“Appointments Clause”) no es un derecho fundamental constitucional y que, en todo caso, los oficiales nombrados por el Congreso para un territorio no son oficiales federales “principales” que requieran confirmación senatorial.

Tampoco entiende el Procurador que aplique la doctrina de separación de poderes a la Junta nombrada en PROMESA para supervisar las finanzas de Puerto Rico. El concepto de gobernanza de la metrópolis por especialidad rige en Puerto Rico desde los tiempos en que la monarquía española, en 1837, decidió no conceder la protección de la tercera aplicación de la Constitución de Cádiz a la Isla, sino tratar a los habitantes locales bajo “leyes especiales”. Esta teoría de gobierno colonial se revive en este memorando anacrónico emitido por el Procurador de Estados Unidos.

La segunda controversia medular ante el tribunal de PROMESA, confronta al gobierno de Puerto Rico con la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (COFINA) y sus bonistas, sobre la titularidad de los fondos procedentes de las contribuciones sobre las ventas, dinero que necesita el gobierno con urgencia para sobrevivir. Debido al conflicto inherente de la Junta en este litigio, las partes acordaron nombrar dos agentes para representarlos en el litigio o en una negociación.

Sin embargo, el asunto ha suscitado controversias sobre el radio de acción de los representantes de las partes y ha terminado de nuevo ante el tribunal de PROMESA. La decisión final sobre los fondos de COFINA puede resultar en un golpe mortal para las finanzas del gobierno de Puerto Rico debido a la cantidad de recaudo contributivo envuelto y por la magnitud de los bonos emitidos.

De las partes no llegar a un acuerdo negociado, la decisión judicial final será muy difícil para el tribunal PROMESA, ya que el mecanismo de garantía con fondos destinados, utilizado en la ley habilitadora de esta corporación pública, es el mismo tipo de estructura financiera sobre el cual dependen muchas de las emisiones de bonos municipales en el mercado de los Estados Unidos.

Los dos asuntos antes mencionados tienen en común a unos litigantes sumamente agresivos que no han entendido el mensaje de la jueza Laura Taylor Swain en la reciente opinión en la que deniega la petición de la Junta para el nombramiento de un administrador para PREPA expresando que: “Cada minuto cuenta para los ciudadanos americanos que viven en esta isla… en este momento crucial la Junta y el gobierno deben trabajar juntos, respetuosamente, con candidez y de forma cooperativa... para ganarse la confianza de fuentes externas de financiamiento y crear consenso informal… que pueda terminar en un plan fiscal y presupuesto. Estos deberes son solemnes y críticos para los residentes de Puerto Rico…y todo momento gastado en litigios complicados y costosos es un momento perdido para el futuro de Puerto Rico y de su gente”.

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