Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Atado de pies y manos el gobierno

La Junta de Supervisión Fiscal colocó a Puerto Rico en una virtual sindicatura federal al pedirle hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que le someta para aprobación previa cualquier reglamento o decreto que se proponga firmar.

La petición de la Junta, que tiene todos los visos de una orden, se produce menos de un día después de que la jueza Laura Taylor Swain validara la posición del organismo federal sobre el presupuesto de Puerto Rico para el año fiscal en curso.

Con estas determinaciones, nadie podrá dudar ya del status colonial de Puerto Rico y de que lo ocurrido en 1952 con la creación del Estado Libre Asociado se ha convertido en papel mojado. El status colonial ha quedado ratificado por la decisión de la jueza federal que avala el poder de la Junta Fiscal para adoptar el presupuesto del país y por el pedido del organismo federal al gobernador, que sin lugar a dudas surge a consecuencia de la sentencia judicial.

Habría que preguntarse ahora qué hará el Partido Popular Democrático, cuyas estructuras de poder se han aferrado al estadolibrismo como una opción no colonial. Parece obvio que, si quiere ser opción en las elecciones de 2020, tendrá que reformular su discurso.

La sentencia de Taylor Swain en una demanda del gobierno contra la Junta coloca al gobernador Rosselló Nevares contra las cuerdas, ya que sostiene la decisión del organismo federal de eliminar la ley del bono de Navidad, estatuto bandera de la administración del fenecido exgobernador Luis A. Ferré.

Rosselló Nevares ya consignó que no acataría el dictamen sobre el bono de Navidad, pero habrá que ver cómo podrá financiarlo en el caso de los empleados públicos si el presupuesto vigente, confeccionado por la Junta Fiscal, no incluye el dinero para pagar ese beneficio.

El gobierno podría apretarse el cinturón y reducir dramáticamente los contratos externos de servicios profesionales para utilizar esos fondos, junto a otros ahorros, en el pago del bono navideño.

A través de los años, desde su implantación en el cuatrienio de 1969-72, se ha reconocido que el bono de Navidad es una inyección de dinero para el comercio del país, cuyos días de bonanza navideña se inician cada año con las ventas del llamado Viernes Negro.

Pero el bono de Navidad no es el único problema que confronta el gobierno a raíz del revés sufrido esta semana en el tribunal porque la decisión de la jueza afecta también otros aspectos neurálgicos del fisco boricua.

El principal es el de las pensiones de los retirados del gobierno, que desde el fracaso de la Administración de los Sistemas de Retiro, se pagan directamente del Fondo General, que a su vez se nutre de las contribuciones e impuestos que recibe el erario.

La Junta Fiscal decidió que las pensiones superiores a los $1,000 mensuales se redujeran en un 10%, a lo que el gobernador se ha opuesto. Sin embargo, la administración de Rosselló Nevares no cuenta con los fondos para evitar la merma porque es el presupuesto adoptado por la Junta el que rige este año fiscal. 

La virtual sindicatura federal impuesta por la Junta Fiscal dificultará aún más la recuperación de Puerto Rico, que casi un año después del huracán María prácticamente se ha limitado al restablecimiento de la red eléctrica.

Con la exigencia de la Junta de pasar juicio previo sobre las órdenes ejecutivas y otros decretos gubernamentales, se ata de pies y manos al gobernador Rosselló Nevares, dejando en un limbo económico a los ciudadanos.

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