Carlos Saavedra Gutiérrez

TRIBUNA INVITADA

Por Carlos Saavedra Gutiérrez
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A transformar nuestro gobierno

E l gobierno de Puerto Rico funciona actualmente a través de un brazo burocrático enorme, lento e ineficiente. Se trata de más de 100 agencias que ofrecen cerca de 340 servicios y que cuestan miles de millones de dólares anuales. El impacto de los huracanes Irma y María ha complicado más el reto fiscal que ya enfrentábamos como sociedad.

Ante este escenario, hoy más que nunca es necesario poner en vigor una reingeniería de nuestro gobierno que nos permita tener un gobierno más ágil y con menos costo. A su vez, esta reingeniería debe estar basada en dos principios básicos: mejorar los servicios al pueblo y proteger a nuestros servidores públicos, nuestro recurso más preciado.

Para alcanzar esta reingeniería, recientemente el gobernador Ricardo Rosselló Nevares sometió para la consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley para el Nuevo Gobierno de Puerto Rico”. Este proyecto permite identificar los servicios dentro de la estructura gubernamental que pueden ser reorganizados, consolidados, o traspasados a otras agencias, o externalizados para que sean prestados por otras entidades, con el objetivo de maximizar los recursos disponibles y crear una nueva estructura de gobierno que responda de forma ágil, productiva y eficiente a las necesidades de los ciudadanos.

El proyecto de ley respeta los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa. En síntesis, la medida permitiría al gobernador someter a la Legislatura unos planes de reorganización que permitan conseguir un gobierno más ágil, siempre respetando los derechos de los empleados públicos y con el mejoramiento de servicios públicos como norte. La Asamblea Legislativa, a su vez, tendrá un término específico para aceptar o rechazar el plan de reorganización sometido por el Primer Ejecutivo.

De no actuar, el plan se entenderá aprobado tácitamente. Este tipo de aprobación tácita no es nuevo en nuestro ordenamiento. Por ejemplo, los aranceles que los ciudadanos pagan por presentar reclamaciones en los tribunales fueron aprobados mediante un mecanismo similar. El Tribunal Supremo los aprobó mediante resolución y luego los sometió a la Asamblea Legislativa. Esta última no actuó, por lo que los aranceles entraron en vigor ante la aprobación tácita del poder legislativo.

Por otro lado, el proyecto de ley protege vigorosamente los derechos de nuestros servidores públicos. De entrada, la medida es clara en que esta no puede ser utilizada como base para despidos. Es decir, cuando ocurra una consolidación o cambio en la estructura interna de una agencia, no se puede remover de sus puestos a empleados públicos por el mero hecho de que la agencia cambió como parte de un plan de reorganización. Además, recordemos que toda movilización de recurso humano que tenga que hacerse debe cumplir con los parámetros de la Ley de Empleador Único, que toma en consideración diversos factores y garantiza que los empleados no se verán afectados en sus salarios y otras condiciones de empleo.

La Ley del Nuevo Gobierno es un compromiso programático. Pero más que eso, es la herramienta necesaria para reenfocar todo el aparato gubernamental a proveer un servicio de excelencia a la ciudadanía. Por décadas diversos sectores han reclamado un cambio estructural en nuestro gobierno. La Ley de Nuevo Gobierno nos permite enfrentar el reto de llevar a cabo una reingeniería que proteja a todos nuestros servidores públicos y nos permita tener un gobierno más ágil y eficiente. El Puerto Rico post María nos presenta unos retos sin precedentes y la Ley del Nuevo Gobierno nos permitirá enfrentarlos responsablemente. Permanecer inertes ante estos retos no puede ser la opción para reconstruir eficientemente a Puerto Rico.

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