Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Auditar la deuda es prioridad

El tirijala que ha habido sobre la auditoría de la deuda pública de alrededor de $70,000 millones parece estar en vías de resolverse, a pesar de los reparos del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.

La decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de efectuar la auditoría, amparada en los poderes que le otorga la ley federal PROMESA, debería fijar en blanco y negro la responsabilidad de cada administración de gobierno de las últimas décadas en la quiebra del País.

El anuncio debe haber puesto a temblar a dos o tres, pues la autoridad de la Junta Fiscal está fuera del alcance del gobierno actual, que ya acudió ante la jueza federal Laura Taylor Swain para impugnar la capacidad legal de los acreedores no asegurados que reclaman una auditoría avalada por el tribunal.

La actitud del gobierno de Rosselló Nevares es contradictoria. El gobernador liquidó la comisión de ciudadanos que había recibido la encomienda de auditar la deuda alegando que la auditoría se haría como parte del proceso judicial de reorganización que preside la jueza Taylor Swain. Pero entonces, cuando llega el reclamo a la magistrada, el gobierno cambia drásticamente su postura y radica una moción oponiéndose al pedido.

Ahora, si la Junta Fiscal sigue adelante con su intención de crear un comité especial que designe a un investigador independiente de la deuda, será poco, o más bien nada, lo que pueda decir o hacer el gobierno puertorriqueño.

Debe quedar claro que cualquier auditoría de la deuda que se realice tiene que cumplir con el requisito indispensable de transparencia para que los hallazgos sean creíbles y puedan fijarse las responsabilidades que correspondan, incluyendo la responsabilidad vicaria de los gobernantes.

Por otra parte, la Junta Fiscal sometió su primer informe anual con recomendaciones generales al Congreso y al presidente de Estados Unidos, justo tres días antes de anunciar su controvertible determinación en torno a la reducción de jornada laboral de los empleados públicos.

Entre las recomendaciones sometidas hay que destacar la eliminación de las regulaciones aéreas y marítimas que impiden el libre comercio exterior de Puerto Rico. A mediados de mes, el senador republicano John McCain había presentado legislación para derogar la Ley de Cabotaje que obliga a Puerto Rico a utilizar barcos de la marina mercante de Estados Unidos, la más cara del mundo.

En el lado de mayor controversia, la Junta Fiscal propuso que programas tan neurálgicos como el de Asistencia Nutricional Suplementaria (PAN), el de Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF), y el de vivienda conocido, como Sección 8, sean convertidos en Puerto Rico en un crédito por ingresos generados, con el propósito de incentivar la participación laboral.

Hace 20 años, una propuesta de esta naturaleza habría sido muy bienvenida porque existían entonces alternativas de empleo y el PAN, el TANF y la Sección 8 lo que hacían muchas veces era desincentivar la búsqueda de trabajo pues los beneficios de esos programas resultaban más atractivos que un salario.

Pero en estos momentos, cuando la crisis ha llegado al punto de que no hay oportunidades de empleo y que la falta de trabajo ha obligado a decenas de miles de puertorriqueños a emigrar a Estados Unidos, parece ilógico pensar en sustituir esos beneficios por créditos contributivos. Aún en el caso de que una persona consiga un empleo, probablemente la remuneración sería insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y, por lo tanto, estaría exenta de pagar contribuciones, lo que convierte en académico el crédito propuesto.

En todo caso, auditar la deuda debe ser la prioridad porque con el resultado de ese examen sabremos, finalmente, cómo llegamos a donde estamos y cuánto realmente debemos.

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