José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Aumento al pago estudiantil

Ahora que un aumento al pago estudiantil en la UPR (Universidad de Puerto Rico) parece inminente, conviene recordar lo que el mismo estudiantado recomienda desde la huelga de 1981: ajustar el costo de la matrícula a los ingresos.

Aun la teoría económica ortodoxa establece que quitarle $10 a un rico reduce su bienestar mucho menos que quitarle $1 dólar a una pobre (utilidad marginal decreciente). Por eso, impuestos como el IVU son regresivos (aumentan la desigualdad) porque una maestra retirada y un banquero lo pagan en la misma proporción. Asimismo, los subsidios son equitativos si disminuyen conforme aumenta el ingreso.

Y es que la política fiscal tiene grosso modo dos objetivos: reducir la desigualdad y crecer la economía. Ambos objetivos van de la mano según Thomas Piketty y Joseph Stiglitz. Por ende, la lógica de otorgar subsidios no se debe basar en que “si pagamos impuestos, nos merecemos los mismos subsidios”.

Las clases acomodadas prefieren los impuestos y subsidios regresivos a una redistribución equitativa, esgrimiendo argumentos rarísimos como “nos penalizan o discriminan por trabajar o por ser exitosos”. Sin embargo, discriminar a favor de los que más necesitan no es penalizar el “éxito” (¿el privilegio económico?), es tratar de reducir la desigualdad en el octavo país más desigual del mundo. Cabe parafrasear a la Dra. Linda Colón: “si ser pobre fuese tan conveniente, nada nos impide mudarnos a una barriada o residencial público”.

Los subsidios estatales para unos 60,000 estudiantes en la UPR probablemente sumen $632 millones este año fiscal ($10,533 por estudiante o $351 por crédito). Esto no es equitativo ya que en la UPR hay estudiantes de todos los estratos sociales.

Para subsidiar equitativamente se necesitan varias escalas socioeconómicas y considerar la economía subterránea. Por eso, propongo un nuevo indicador socioeconómico que promedie tres factores: nivel socioeconómico de la escuela de procedencia, ingresos familiares y propios, y el precio de la propiedad principal familiar. Para crear el primer factor hay que utilizar la información socioeconómica de las escuelas del Departamento de Educación. La información de los ingresos familiares debe combinar los estados bancarios con la información de las planillas. Los precios de las propiedades se aproximarían al ubicarlas en los bloques geográficos del Negociado del Censo donde ya sabemos el precio de las casas. Mientras mayor sea el precio de la casa, mayor es el nivel socioeconómico y menor debe ser el subsidio del Estado.

Por otro lado, se debe considerar el retorno que obtiene el País al subsidiar la educación superior. Universidades públicas como SUNY recobran el subsidio a egresados emigrantes. Un recobro a los estudiantes que migren (excepto los que evidencien estar continuando estudios fuera y regresen luego) contribuiría a frenar la migración y a asegurarle a los contribuyentes puertorriqueños que sus impuestos no se utilizan para fortalecer otras economías. A los estudiantes que migren, este mecanismo no es tan oneroso: obraría como un préstamo de cero intereses para pagar una matrícula que es una fracción de lo que cuesta una universidad similar en Estados Unidos.

El estudiantado reclama una reforma universitaria, que incluya evaluar anualmente el personal permanente, antes de cambiar el costo de la matrícula. No obstante, una reforma universitaria puede correr paralelamente y debe incluir: consolidación del área administrativa a nivel sistémico; reingeniería que reduzca los procesos excesivos establecidos hace décadas; redefinición de tareas según la productividad; y despolitización, entre otros.

Recortar arbitrariamente es más fácil que transformar procesos. Aumentar el costo a todos por igual es más fácil que tomar en consideración la equidad y el retorno de los subsidios. Sin embargo, las soluciones fáciles ya nos han salido muy caras.

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