José J. Torres Rosario

Tribuna Invitada

Por José J. Torres Rosario
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Aumentos salariales en la crisis

La Universidad de Puerto Rico debe reflejar lo mejor de nuestra sociedad. Debemos ser ejemplo y el espejo en el que se miren todas las instituciones.

Sin embargo, las recientes acciones de la administración universitaria de aumentar el salario del presidente interino Darrel Hillman Barrera, y otros jerarcas en puestos de confianza es vergonzoso.

Trascendió en los medios que Hillman Barrera cobraría un salario de $124,107, casi $20 mil por encima del tope de $105 mil que dispone la Certificación 90 del año académico 1996-1997, que regula la compensación del presidente. Además, otras posiciones de confianza también recibirían aumentos en sus salarios.

El presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, intentó explicar que esos $20 mil no constituyen un aumento sino un diferencial de su puesto de carrera por las labores de presidente. Pero, lo cierto es que se es presidente a tiempo completo, por lo que ser presidente no es una tarea adicional que requiera un diferencial de esa magnitud.

En una situación como la que atraviesa la UPR, con un recorte presupuestario de cerca de $200 millones, es inconcebible e improcedente que el presidente interino reciba aumento salarial alguno. No deben darle ni un centavo más, por el contrario, moralmente debería reducirse beneficios.

En momentos en que se propone imponer aumentos al costo de la matrícula de los estudiantes, eliminación de cursos, consolidación de recintos, y eliminación de beneficios a los empleados raya en lo absurdo que la Junta de Gobierno de la UPR apruebe semejante acción.

Esta es una muestra más que evidente de que los sacrificios de la crisis fiscal solo están sobre los hombros de las familias trabajadoras y los estudiantes. Los altos mandos de la UPR deberían mostrar empatía con la comunidad universitaria a la que se está afectando con las medidas de austeridad en lugar de buscar subterfugios para sacar más ventajas salariales para sí mismos y mínimamente respetar las certificaciones y regulaciones de nuestra universidad.

La comunidad universitaria lleva ya tiempo asumiendo la crisis. Muchas son las plazas vacantes que no se llenan afectando servicios y duplicando tareas al personal, desde hace décadas no se revisa el plan de clasificación y retribución, desde el 2013 no hay ni siquiera expectativas de aumento salarial para los empleados y tuvimos que ceder $100 de aportación patronal al plan médico, entre otras muchas situaciones. Además, pesa la incertidumbre de un corte a la jornada laboral, el bono y el retiro.

En esas circunstancias no podemos aceptar que un presidente cobre $124 mil. Aquí todos los jefes de agencias deberían asumir su papel y compromiso en el servicio público: servir no servirse.

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