Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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Austeridad lógica y prudente

El debate de la austeridad es un debate de ricos, no de pobres. Países ricos como Estados Unidos, Alemania o Japón pueden debatir sobre si les conviene una política de aumentos prudentes y estratégicos en el gasto público para promover mayor crecimiento económico. En cambio, países como Puerto Rico (o Grecia), con el gobierno quebrado, la economía aletargada y sin acceso a fuentes de financiamiento, no deben perder el tiempo en debates estériles sobre opciones de gasto que superan sus capacidades. Para hablar de “austeridad, sí o no”, hay que tener recursos de los que nosotros carecemos.

En los países ricos, la alternativa a la austeridad bien puede ser la prosperidad. Aquí, la alternativa a la austeridad es la caridad —que nos perdonen deudas y nos subsidien gastos— con todo lo lamentable que eso conlleva hacia el futuro. Ahora bien, el reconocer la inevitabilidad de una política fiscal austera no significa que no podemos debatir el contenido y la ejecución del programa de medidas económicas que se está negociando entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal.

Que la austeridad hace daño no es noticia, como bien señaló el colega Orlando Sotomayor en una columna reciente en este diario, pero también hacen daño colateral la quimioterapia y la radioterapia, y para algunos pacientes son indispensables.

En lo que debemos enfocar la discusión es en cómo diseñar y ejecutar el plan de austeridad que necesitamos en el corto plazo controlando al mínimo el daño colateral y protegiendo de manera especial a los más vulnerables.

En este sentido, hace bien el gobierno en tratar de proteger a los beneficiarios de la reforma de salud, aunque eso lo obliga a identificar otras partidas del presupuesto en las que se pueda recortar lo que no se le quite a la reforma. De igual modo, debe protegerse también a los pensionados. En esto, el gobierno ha cedido más de lo que debía, ya que está proponiendo recortes a pensiones de $2,500 mensuales, que difícilmente se pueden etiquetar como pensiones “Cadillac”.

La Junta sí puede insistir en que el gobierno sea más explícito en la identificación de algunas de las fuentes de ingresos y reducción de gastos que se incluyeron en el plan fiscal a cinco años anunciado la semana pasada. Por ejemplo, no queda claro cómo funcionará la reforma contributiva de la que se habla en el Plan, ni cómo se ahorrará en el gasto público mediante la consolidación de agencias gubernamentales, sin despedir empleados. Para que se pueda ejecutar de manera rápida y eficiente, el programa de austeridad tiene que ser lo más preciso posible, aunque siempre hay un margen de incertidumbre en procesos de estabilización como éste.

También es importante que todas las acciones y propuestas de las autoridades gubernamentales sean congruentes con los objetivos del plan fiscal. No deben tener cabida en estos momentos propuestas para reducir el IVU o cualquier otro impuesto, como tampoco se le puede dar paso a gastos innecesarios como el viaje de algunos legisladores a Hawái hace unos meses. Tales prácticas contradicen la lógica del plan fiscal y no lucen decorosas cuando les estamos pidiendo dinero a los contribuyentes de Estados Unidos. No podemos pedir con una mano y despilfarrar con la otra.

Por último, no es lo mismo pedir caridad que pedir ayuda. Hay que insistir en Washington para que nos provean incentivos adecuados para levantar nuestra economía, y hay que mantener la presión para que nos ayuden a enfrentar el precipicio fiscal de la reforma de salud. Más aún, la Junta y el Congreso deben reconocer que es necesario obtener financiamiento interino para facilitar la implantación del plan fiscal, y deben ayudarnos a conseguir dicho financiamiento de manera responsable y prudente.

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