José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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¿Austeridad o recortar deuda?

Puerto Rico tiene al menos tres crisis: una económica (se cayó la producción del sector privado), una fiscal (la deuda del gobierno se volvió insostenible) y una social. La crisis económica redujo los recaudos del gobierno y empujó al gobierno a endeudarse, a implantar medidas de austeridad (reducción en los servicios del gobierno) y a imponer mayores impuestos. Es decir, la crisis económica causó la crisis fiscal (no al revés). La combinación de las crisis económica y fiscal desembocó en una crisis social: la pobreza y la desigualdad entre clases sociales aumentaron en este periodo.

Olvidamos que resolviendo la crisis económica, arreglamos la crisis fiscal y que las soluciones a la crisis fiscal deben cumplir con dos principios: no profundizar la crisis económica ni exacerbar la crisis social.

La crisis fiscal se puede resolver con austeridad, con mayores recaudos o con un recorte a la deuda. Ya trataron de recaudar más impuestos, redujeron el empleo público en más de 75,000 puestos entre el 2008 y 2016 (ver Censo de Establecimientos) y limitaron los servicios esenciales (ver informe Deuda y Derechos Humanos). Lo que no hicieron fue recortar severamente la deuda como se hizo en Detroit donde de cada dólar en deuda legítima se pagó cerca de 60 centavos y cerca de 30 centavos por dólar en deuda ilegítima (por eso necesitamos auditar la deuda). Recortar la deuda cumple con ambos principios ya que no carga al sector privado ni a las poblaciones vulnerables: solo afecta a unos puertorriqueños, la mayoría pudientes (el profesor Héctor Cordero estima que hay casi 60,000 bonistas puertorriqueños).

La Junta de Control Fiscal reiteró su deseo de explotar la austeridad antes de recortar la deuda. La austeridad no solo perjudica la crisis social (por ejemplo, reduce aún más los servicios de educación especial y el acceso a la Reforma de Salud), sino también la crisis económica: según la matriz de insumo producto, por cada 100 empleos perdidos en el gobierno se pierden 55 en el sector privado (ya que se pierden 100 consumidores en la economía). En palabras de los investigadores del Fondo Monetario Internacional en su informe “Neoliberalism: Oversold?”: “Las políticas de austeridad no solo generan costos sustanciales en bienestar… también perjudican la demanda y, por consiguiente, el empleo”.

Sin embargo, cierta austeridad adicional será inescapable si el gobierno federal evade su parte de responsabilidad con esta crisis al remover el crédito contributivo a las foráneas. Eso le restaría más de $2 billones a un presupuesto que ya está en déficit a pesar de la moratoria con la deuda. Si esa fuese la situación, la austeridad se debe limitar a: establecer $2,500 como el tope a todas las pensiones; eliminar los contratos por servicios profesionales a compañías privadas y, en cambio, utilizar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como asesora; reducir en un 10% todos los salarios mayores a $30,000 en el gobierno (resultado que estaría al menos al nivel del salario promedio del País); eliminar el alquiler privado en el gobierno al utilizarse solo propiedades gubernamentales; sacar a las aseguradoras de la Reforma de Salud; eliminar los incentivos contributivos inefectivos, entre otros. Por el lado de los recaudos se puede: reducir el subsidio en la UPR para las familias pudientes; fiscalizar mejor las planillas al corroborarlas con los vehículos de las personas; atajar el “transfer pricing” de las megatiendas como lo hace el Servicio de Rentas Internas federal, e imponer impuestos mayores a las propiedades lujosas, a los conciertos y al lucro de ciertas organizaciones sin fines de lucro.

El mayor peso debe recaer sobre los sectores acomodados, quienes han sufrido menos. Ojo con las falsas PROMESAs.

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