José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Austeridad, ¿para quién?

No me preocupan tanto las diferencias entre la Junta de Control Fiscal, los alcaldes y el gobierno, como sus áreas de consenso. Por ejemplo, todos justifican los salarios desproporcionados de sus altos oficiales usando los siguientes alegatos.

“Ese salario es el correspondiente al talento de clase mundial”. Si por clase mundial quieren decir “profesionales de Estados Unidos”, es importante recalcar que, según el Departamento del Trabajo federal, un alto oficial de un gobierno estatal en Estados Unidos gana anualmente un promedio de $133,930, dirigiendo agencias mayores que las de Puerto Rico. Por tanto, bajo las premisas falsas de que necesitamos igualar el pago a esos profesionales y que los de aquí no dan el grado, no se justifican salarios mayores a $133,930. Además, en la Universidad de Puerto Rico hay algunos profesores que clasifican como “clase mundial” que aceptan salarios menores a los que hubiesen conseguido en Estados Unidos. Si ellos aceptaron menos de $100,000 al año, con doctorados y currículos (résumé) de decenas de páginas, los altos oficiales que tienen quilates menores y dicen ser “servidores públicos” también lo pueden hacer.

“Lo importante no es el salario sino los ahorros que traerán”. Esta es la lógica del mercado: un salario alto no es un problema siempre que la contribución del empleado sea mayor. Uno de los problemas es que los “ahorros” pueden ser ficticios: si bajo el inventario de materiales en la Autoridad de Energía Eléctrica, traigo ahorros contables que luego salen muy caros en la recuperación de un huracán. Otro es que muchos servicios gubernamentales no se pueden medir fácilmente para saber la contribución del empleado. ¿Cuál es el precio de dirigir el tránsito en una intersección sin energía, el de preparar estadísticas o el de aconsejar a un suicida? Además, si fuésemos a aplicar ese criterio a todos los empleados públicos (no solo a los de arriba), la nómina sería insostenible. Habría que triplicarles los salarios a las maestras que forman el capital humano del país, a las trabajadoras sociales que previenen futuros criminales (un preso cuesta sobre $30,000), a los auditores de Hacienda cuyas investigaciones ingresan millones al erario, entre otros.

“Hay que incentivarlos para atraerlos del sector privado”. Primero, muchos de los que tienen salarios exagerados en el gobierno eran desempleados, por lo que no necesitaban incentivos. Segundo, el que pida una paga mayor en el gobierno al correspondiente en el sector privado, no busca ser servidor público sino servirse mejor desde el gobierno.

Los salarios en el gobierno deben ser proporcionales al ingreso del pueblo al que le sirven. El salario promedio en Estados Unidos (incluyendo los sectores público y privado) es $50,620, en Puerto Rico $28,730. Si damos las proporciones de Estados Unidos como buenas, los altos oficiales en el gobierno de Puerto Rico deberían ganar en promedio $76,014 y el 10% que más gana debería rondar los $116,271.

Los salarios de los legisladores fueron corregidos a una escala similar. Si los salarios de los altos oficiales de la Junta, el gobierno y las alcaldías fuesen corregidos, anualmente nos ahorraríamos cerca de $5 millones. Por ahí debió empezar la austeridad y luego continuar recortando los contratos y los honorarios, usando métricas muy estrictas.

A los apologistas que tildan esos $5 millones como “pesetas” (citando a un gobernador), les recuerdo una anécdota histórica: Alejandro Magno y su ejército estaban sedientos al cruzar un desierto. Alguien encontró agua y la llevó a Alejandro Magno, quien la rechazó diciendo: “yo los traje aquí, sufriremos juntos”.

Nuestros oficiales tienen cierta responsabilidad con nuestra crisis, pero no quieren sufrir. Beben demasiada agua ante un pueblo sediento, defendiendo lo injustificable.

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