Carlos E. Ramos González

Punto de vista

Por Carlos E. Ramos González
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Autonomía municipal en tiempos de pandemia

Los alcaldes y alcaldesas son los gobernantes más cercanos de las necesidades de su municipio . Ese es el significado del llamado “principio de subsidiariedad“ tan mencionado en la teoría de gobernanza política. Por esta misma razón, deben ser los primeros en enterarse de los males del su pueblo. En lo esencial, la llamada “autonomía municipal“ responde a este principio.

Las limitaciones a las carreteras que dan acceso a estos municipios son una medida preventiva para minimizar y prevenir los estragos de la pandemia que nos acecha. Creo que ya hemos internalizado que muchas de las medidas que ha tomado el gobierno central están afectando, a veces de forma inevitable, nuestros derechos constitucionales. 

Pero, ninguna de las dos constituciones se ha suspendido. Ni la gobernadora ni el presidente han invocado la ley marcial. Eso significa que las motivaciones genuinas de un gobernante municipal por proteger la salud de sus representados no pueden obviar los límites que estas imponen aun en tiempos de emergencia. Ya lo ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) de forma repetida: “las circunstancias extraordinarias ni agrandan ni empequeñecen la Constitución“. El cierre de las carreteras, decretado a rajatabla o sin normas-guías adecuadas, implica entregarle nuestra Carta de Derechos a los alcaldes y alcaldesas. O peor aun, a las personas encargadas de ejecutar dichas directrices. 

¿Dónde y cómo poner la raya entre la protección de la amenazada salud-vida y el estado de derecho? Hay que hacer ancla en un principio ya aceptado en el derecho internacional y el derecho constitucional de muchos países. Es el principio de la proporcionalidad adecuada entre la medida tomada y el objetivo apremiante que se persigue. En el derecho constitucional federal y el de Puerto Rico ello se traduce en que el Estado (en este caso, los municipios a través de su alcalde y asamblea municipal) demuestre que este cierre o limitación de acceso a carreteras es una medida absolutamente necesaria y única disponible para resolver una necesidad urgente actual. Si el asunto llegase a los tribunales, ese es el peso de la prueba que le toca al municipio. Por supuesto, cualquier ciudadano afectado estaría en desventaja. Ya lo ha reclamado el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico: el toque de queda ha limitado el acceso a representación legal y por tanto a la justicia. Aun así, es bien cuesta arriba la prueba que tendría que presentar el ejecutivo municipal. A propósito, en más de una decisión del TSEU y el TSPR, se ha resuelto que el mero temor no es prueba suficiente para violar estos derechos fundamentales. Me refiero entre otros, al derecho a viajar en el territorio donde vivimos, el derecho al debido proceso de ley, intimidad, la libertad de asociación y por supuesto, el derecho a la alimentación. 

¿Se han asegurado que todos los habitantes afectados por estos cierres o controles mantienen igualdad de acceso a colmados y comercios autorizados a operar? Ya se ha señalado en la conversación pública que hay sectores mucho más perjudicados que otros. Los índices de pobreza en muchos municipios del país son dispares. ¿Quién y cómo se han diseñados los alegados protocolos que regirán a las autoridades de ley y orden que ejecutarán estos cierres o limitaciones de acceso?

Alabo el desvelo y afán de protección por los gobernantes más cercanos a nuestras necesidades. Ejercitan el poder de una autonomía municipal en las que creo. Pero cuidado. En los esfuerzos colectivos por aplanar la desdichada curva que apenas empieza a construirse en Puerto Rico, no podemos causar un mareo comunitario.

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