Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Azúcar y miel para la medicina amarga

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en un discurso de campaña alejado de la realidad fiscal del país, prometió esta noche aumentos salariales para maestros y policías, una reducción dramática en el IVU y la anticipada privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)

El problema es que no se trataba de un discurso de campaña el que debía ofrecer ante una sesión conjunta de las cámaras legislativas, sino su segundo mensaje anual sobre el estado del país. El primero lo ofreció en 2017, cuando apenas llevaba un trimestre en la gobernación.

En un hemiciclo en el que sobraron sillas reservadas para los alcaldes de su propio Partido Nuevo Progresista, Rosselló Nevares endulzó con azúcary miel la “medicina amarga” que le sirvió al país en 2009 su correligionario exgobernador Luis Fortuño.

Hizo alarde de sus acciones dirigidas a promover la estadidad, como la creación de la llamada Comisión de la Igualdad, pero no aludió a la poca respuesta que han obtenido sus gestiones ante Washington para obtener ayuda significativa tras la devastación provocada por el huracán María, que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre pasado.

En el estilo tradicional de los gobernadores, Rosselló Nevares anunció legislación para subirles el sueldo en $1,500 anuales a maestros y policías, equivalentes a $125 mensuales; anticipó que la mayoría de los sobre 1,400 policías en labores administrativas serán reasignados a tareas en la calle, y que asignará fondos suficientes para la compra de 300 nuevas patrullas.

No dijo qué estrategias, aparte del patrullaje en la calle, seguirá su administración para atacar el aumento dramático en los asesinatos y los “carjackings”, sobre todo después del huracán, cuando la oscuridad y la falta de semáforos han contribuido al clima de inseguridad del que se quejan a diario los ciudadanos.

No hubo autocrítica sobre lo que ha hecho –o dejado de hacer—su gobierno para acelerar la recuperación del servicio eléctrico del que, a más de cinco meses del paso de María, carecen aún centenares de miles de personas, sobre todo en el centro y la ruralía de la Isla.

Reconoció los atrasos, pero los atribuyó a fallas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, al que señaló como responsable primario de restablecer la electricidad. Brigadas de distintos estados comenzaron a llegar más de un mes después de María y, todavía hoy, colaboran con los trabajadores de la AEE en los trabajos de restauración eléctrica.

Tampoco asumió responsabilidad por las críticas finanzas de la AEE, ni por su poca confiabilidad operacional, pero apuntó a la privatización de activos de la corporación pública como la solución a los problemas. Más de un mes después de un mensaje televisado en el que anunció su proyecto, Rosselló Nevares informó que la legislación dirigida a viabilizar el proceso ya había sido radicada en las cámaras.

El anuncio coincide con una demanda presentada ante la jueza federal Laura Taylor Swain por la Comisión Reglamentadora de Energía contra la Junta de Supervisión Fiscal, a la que el ente fiscalizador de la AEE imputa estar timoneando a dicha entidad por encima de sus órdenes y determinaciones, que son avaladas por ley.

El pleito, radicado en el marco de Título III de la Ley Promesa que preside la jueza Laura Taylor Swain, contribuye al ambiente de inestabilidad que caracteriza las operaciones de la AEE.

Aparte de la cucharadita de azúcar que colocó simbólicamente en el café de maestros y policías con el modesto aumento salarial que anticipó, el gobernador lanzó al aire su apuesta más arriesgada de la noche al anunciar que se propone reducir a 7% el antipático Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) que pagamos todos por bienes y servicios y que actualmente está en 11.5 por ciento.

La “medicina amarga”  la recibieron esta vez la Junta Fiscal, los expertos y las partes involucradas en el pleito de Título III, pues se reservó explicar en su discurso con qué sustituirá los ya reducidos recaudos del IVU, sobre todo ante el abismo fiscal que enfrenta el País.

Una cosa es segura: el gobernador Rosselló Nevares no está contando dinero para las arcas públicas, sino votos para su candidatura reeleccionaria de 2020.

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