Javier Rúa Jovet

Tribuna Invitada

Por Javier Rúa Jovet
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Balance de economía y ambiente

Se ha suscitado un importante debate público, incluso en las primeras planas de este rotativo, ante una propuesta para relajar las normativas sobre ubicación de torres de telecomunicaciones. La coyuntura es precisa para concienciar a los sectores interesados en torno a las normas aplicables, locales y federales, y para proponer algunas mejores prácticas que pueden comenzar a conciliar los diversos intereses envueltos.

Según las secciones pertinentes de la Ley Federal de Comunicaciones de 1996 (47U.S.C.S.§332 (c)(7)(B)), la reglamentación que establezca un gobierno estatal en cuanto a la localización, construcción y modificación de torres de telecomunicaciones será válida siempre y cuando: (1) no sea discriminatoria, (2) no tenga el efecto de prohibir el ofrecimiento de servicios inalámbricos, (3) atienda las solicitudes de permisos en un período de tiempo razonable, (4) en caso de una denegatoria de permiso, la misma sea por escrito y basada en evidencia sustancial, y (5) que no se fundamente en consideraciones de salud pública/ambiental asociadas a la emisión de radiofrecuencias, tema de la jurisdicción exclusiva de la Comisión Federal de Comunicaciones (47U.S.C.S.§332 (c)(7)(B)(iv)).

Por su parte, a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 161 de 2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, recientemente enmendada, la Junta de Planificación adoptó el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos. El Reglamento Conjunto codificó normas que regían desde antes (Ley Núm. 89 de 2000), necesarias para la obtención de permisos de ubicación de torres. Entre estas se encuentran reglas de separación para proteger la seguridad de los residentes colindantes y principios para fomentar la co-ubicación de instalaciones nuevas de telecomunicaciones en torres pre-existentes, reduciendo así su proliferación innecesaria.

Ciertamente las antenas connotan modernidad tecnológica e industrial y son fundamentales para nuestra infraestructura de cara al futuro inmediato (aunque a mediano plazo se irán suplantando por micro-transmisores que se confundirán con la arquitectura y el entorno). No obstante, sin duda, son estéticamente disonantes en contextos residenciales, comerciales livianos y particularmente, en nuestros paisajes naturales.

No conozco de causa apremiante alguna que justifique liberalizar el régimen de derecho actual. Por el contrario, ante el alto impacto escénico envuelto, es ya tiempo que las agencias de planificación atemperen prospectivamente la reglamentación a las mejores prácticas disponibles en jurisdicciones estatales como la nuestra. Debemos movernos a modelos de mimetización; algunas ciudades ya utilizan camuflajes arquitectónicos para torres en contextos urbanos: campanarios, monumentos, obeliscos y diversas otras estructuras. En entornos naturales, por su parte, se utilizan mimetizaciones de flora –árboles, arbustos, etc.- para camuflar las torres.

Recordemos: desde la Constitución de 1952 todos aspiramos a un desarrollo sostenible, balanceado; la elección entre economía y ambiente es una falsa dicotomía. Las políticas aquí propuestas, además de mejorar la situación ambiental, podrían a la vez incentivar la creación de toda una nueva industria arquitectónica para atender los nuevos requisitos reglamentarios. Los problemas siempre pueden ser oportunidades para la innovación y la creación de riqueza.

¡Asumamos el reto!

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