Nieve de los Ángeles Vázquez

Punto de vista

Por Nieve de los Ángeles Vázquez
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Balance de poderes en tiempos de pandemia

El 6 de febrero de 2017, el recién estrenado gobernador Ricardo Rosselló presentó ante la Legislatura un proyecto para cambiar las reglas de procedimiento criminal, enmendar el Código Penal y crear un Departamento de Seguridad Pública. Dos meses más tarde ya era ley; la número 20 del 10 de abril de 2017. Para esa fecha todavía no sabíamos que aquel proyecto, justificado por la emergencia de la criminalidad, sería crucial en otra emergencia muy diferente y que llegaría tres años después.

Resulta que en las 84 páginas de la Ley 20, se coló un breve artículo que otorga amplios y peligrosos poderes extraordinarios al gobernador (al mismo que la propuso y a los venideros). El artículo 6.10 dispone que “en situaciones de emergencia el gobernador podrá emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes que estime convenientes”. La Legislatura, contrario a lo que dicta la Constitución, cedió al Ejecutivo sus propias responsabilidades sin límites claros, sin salvaguardas procesales y sin delimitación de poderes. Para todos los efectos prácticos, en cualquier emergencia, sin importar la naturaleza de la misma, se apagan los balances y contrapesos del sistema republicano, el gobernador de turno adquiere amplísimos poderes legislativos y los suma a los que ya tiene como jefe de la rama ejecutiva.

El artículo 6.10 ha sido el salvoconducto esgrimido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para ocupar el campo legislativo durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Desde el 15 de marzo, Vázquez Garced ha emitido órdenes que impactan directamente altos y jerárquicos derechos como lo es la libertad de movimiento, de expresión, el derecho sobre la propiedad y a la intimidad, el derecho a la educación, entre otros. Estos derechos gozan de tal primacía y envergadura dentro de las democracias que, aun cuando sean necesarias medidas de aislamiento y cuarentena social, no pueden alterarse sin las debidas salvaguardas constitucionales. Se necesitan manos de cirujano para tocar derechos libertarios y constitucionales. Un pulso quirúrgico para entrar, tocar solamente lo indispensable y salir de ahí lo más rápido posible con el menor daño colateral posible. Y eso no se logra si no se activan los contrapesos democráticos y mecanismos de control orientados a la canalización del poder.

Si bien es cierto que la rama legislativa puede ceder ciertas facultades a otra rama de gobierno, también es cierto que esta entrega no puede ser absoluta. Los legisladores, aunque quieran, no pueden entregar responsabilidades que propendan a la centralización de poderes ajena al escrutinio del pueblo. En esta emergencia, quizás más que nunca antes, es indispensable que la legislatura asuma su deber constitucional. Es allí, en sus hemiciclos, donde se sientan los representantes de cada ciudadano de este archipiélago. Es allí donde tienen espacio las minorías.Es allí donde se garantiza la libre participación ciudadana en las decisiones colectivas. Es allí donde creamos el consenso entre gobernantes y gobernados.

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