Ricardo Alegría Pons

Punto de Vista

Por Ricardo Alegría Pons
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Balón de prueba

Se le da el nombre – balón de prueba – en el campo político, a aquel intento de prever la reacción de la ciudadanía a la acción de colar un despropósito para ver “si colín cuela”.  Si como decían aquellas estrofas de una canción española de los años 80: “la decisión se puso en práctica y nadie se atrevió a mirar / la sinrazón se hizo lógica y nadie se atrevió a dudar”.

Karl Schmitt, que aborrecía de los paños tibios del liberalismo lo expresaba sin muestra de pudor: “[E]s de imaginar que todo el mundo sabe que ya no se trata de convencer al adversario de lo correcto y verdadero, sino de conseguir la mayoría para gobernar con ella”.

Como se recordará, no hace tanto fuimos testigos del affair político de los encamados, que conllevó incluso la destitución y condena de un juez.

Mao Zedong decía de la política, que esta era una guerra sin efusión de sangre.  Y parece ser que algunos tomando esto al pie de la letra consideran que al igual que en la guerra, en la política todo está permitido. 

Los tiros, esta vez vienen por la hermenéutica (por la interpretación de la ley).  Pretenden decir que donde dice digo, dice Diego.  Emulando aquella expresión del Humpty Dumpty: “a word means just what I choose it to mean”.   Lo cierto e incuestionable es que la palabra “en controversia” domicilio aparece claramente definida por la Comisión Estatal de Elecciones.  Ver, “El proceso electoral de Puerto Rico, preguntas frecuentes de los electores”; donde se indica lo siguiente: 

¿Qué significa “domiciliado en Puerto Rico” para los fines de poder ejercer el derecho al voto?

“Significa toda persona que además de tener establecida una residencia en torno a la cual giran principalmente sus actividades personales y familiares, ha manifestado, mediante actos positivos y conforme se establece en la Ley Electoral de Puerto Rico, su intención de allí permanece”.

Así mismo, se expresó el Tribunal Supremo en Ferrer Ramírez v. Mari Bras, 144 DPR 141 (1997): “Será elector de Puerto Rico todo ciudadano de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico domiciliado en la Isla […] debidamente calificado con antelación a la misma [elección] y no se encuentre legalmente incapacitado para votar”.

Y es que no podría ser de otro modo, a no ser que la sinrazón se haga lógica.  La ciudadanía supone, requiere, y exige participación y pertenencia.  Un ciudadano domiciliado en Kentucky no tendría ninguna injerencia en los asuntos Iowa.

Irónicamente de entender lo contrario en el caso de Puerto Rico, implícitamente estaríamos reconociendo, que, a diferencia de cualquier estado de la nación norteamericana, en rigor provincias, Puerto Rico es una Nación.

Es curioso que este asunto en el cual se pretende reinterpretar el significado preciso de la Ley en contravención a lo dispuesto en el Art. 14 del Código Civil – “Cuando la Ley es clara se observará la letra” – comienza a tomar forma cuando se nos informa la intención de un plebiscito estadidad sí o no, para celebrarse en las próximas elecciones generales 2020.

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