Jorge Farinacci Fernós

Punto de vista

Por Jorge Farinacci Fernós
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Basta ya de colonialismo

El caso sobre Puerto Rico ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es jurídicamente sencillo. La pregunta es si los integrantes de la Junta de Control Fiscal deben ser nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado.

Para hacer esta determinación, hay que analizar si estas personas son funcionarios que ejercen las facultades del gobierno federal o si se limitan a atender asuntos puramente locales. Y es que, bajo la Cláusula Territorial, el Congreso de los Estados Unidos actúa como gobierno plenario de los territorios, y no como la legislatura de la federación estadounidense. Los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios surgen del Artículo IV de la Constitución, mientras que sus poderes legislativos limitados sobre los Estados surgen del Artículo I.

Esta distinción le permite tratar a Puerto Rico distinto a los estados. Al ser territorio, el Congreso tiene la última palabra sobre cómo se gobierna la isla. Esto incluye si tendremos gobernador o quién nombra los integrantes de la judicatura. El Congreso da y el Congreso puede quitar. Hasta hace unos años, muchos de estos asuntos eran teóricos y especulativos. Entonces llegó Promesa.

Uno podría pensar que la Cláusula Territorial era una reliquia del pasado, parecido a las cláusulas constitucionales que permitían la esclavitud y contaban a los esclavos como 3/5 partes de una persona. Muchos pensaban que en pleno siglo XXI el Tribunal Supremo federal no sería tan burdo, como lo hizo hace más de 100 años en los Casos Insulares, en tratar el colonialismo como algo aceptable. Pero tras leer la transcripción de la vista celebrada, algo me quedó bastante claro: para el Tribunal el colonialismo sigue siendo constitucionalmente válido y a nadie le tembló la voz en así decirlo.

La vista demostró que los integrantes del Tribunal Supremo aceptaron sin problema que el Congreso, bajo el Artículo IV, tiene todo el poder para hacer y deshacer el gobierno de la isla. Esto incluye crear una Junta de Control Fiscal no electa que tenga poder sobre los funcionarios electos del país. Por tanto, si el Congreso creó la Junta, la impuso sobre el gobierno del ELA y solamente ejerce sus poderes localmente, no aplica la Cláusula de Nombramientos. Lo demás, santo y bueno. Posiblemente ya nadie defienda el contenido abiertamente racista de los Casos Insulares, pero todo indica que el Tribunal Supremo federal dará como buena la base de dichos casos: el colonialismo. Basta ya.


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