Ricardo Alegría Pons

Tribuna Invitada

Por Ricardo Alegría Pons
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Beatería política en Puerto Rico

Con la beatería política hemos topado. La beatería política es la fase superior del fanatismo. Es incuestionable la estrecha relación entre la teología y la política. Hace unos siglos, el siempre engorroso problema de la legitimidad para gobernar solía resolverse invocando supuestos derechos divinos del monarca. En esto descansaba la justificación del poder. Y el poder no es otra cosa que la capacidad de producir los efectos deseados sobre otros.

El problema es que la legitimidad en la teología descansa en la fe a diferencia de en la política en la que desde la edad moderna se afinca, o debería, en la razón.

Sin embargo, parecería ser cierta aquella expresión de Carlos Marx en el sentido de que: “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.

Carl Schmitt, quien tituló un texto importante, Teología Política, afirma que “todos los conceptos sobresalientes de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados”. Precisamente en su Teología Política desarrolla el autor su concepto decisionismo —abordado y extrapolado recientemente a nuestro muy particular entorno por José M. Atiles Osoria en su libro, Apuntes para abandonar el derecho: Estado de excepción colonial en Puerto Rico, texto merecedor de la mayor atención por su actualidad.

Y es que, en el decisionismo, concepto medular de Schmitt en su Teología Política, la legitimidad palidece, incluso se muestra intrascendente ante el decisionismo. Toda norma deriva de una decisión previa. En realidad las normas, el derecho están subordinados al poder de hecho, al poder de facto.

Es en la imposición de una decisión en un caso excepcional, donde se advierte con mayor nitidez el problema de la soberanía: “La excepción es más importante que el caso normal. Lo normal nada prueba; la excepción todo; no solo confirma la regla, sino que esta vive de aquella”, según Schmitt. Para este el atributo más genuino de la soberanía es la facultad de derogar la ley vigente.

Llegados a este punto, es incuestionable la pertinencia del texto de Schmitt aludido.

El régimen impuesto por la letra y la práctica en la Ley PROMESA, vencido algún pudor inicial en el Congreso de los Estados Unidos, borra definitivamente el simulacro de legitimidad del llamado convenio proclamado en su día con bombos y platillos en la Organización de las Naciones Unidas por los Estados Unidos.

El efecto descarnado de ello no es otro que el regreso sin enmascaramiento al origen crudo de su poder sobre la colonia desde 1898, sus cañoneras, al palio, no hay que olvidar, del Teológico Destino Manifiesto.

Frente a una realidad tan cruda, como dice Jean Paul Sartre en su magistral prólogo a Los Condenados de la Tierra, al nativo no le queda más que una alternativa, la servidumbre o la soberanía.

Con todo, lo más desconcertante esque, a pesar que desde los tiempos del Cacique Uroyoán se descubrió que los colonizadores también eran mortales, que no eran dioses, al confrontarse con el régimen de la ley PROMESA, prevalece en muchos puertorriqueños la actitud más beatífica que política de “manda fuego Señor, que nos lo merecemos…”.

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